Opinión

Transgénicos: cambia el debate


 
Hace unos días un juez federal otorgó una suspensión a las solicitudes de permisos para utilizar maíz genéticamente modificado o transgénico (OGM) a escala comercial, lo que implica detener siembras con ese tipo de semillas en Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y la comarca lagunera. Ello resultó de un amparo colectivo que presentaron cerca de 20 organizaciones que se oponen a los cultivos transgénicos en nuestro país, en especial de maíz, al considerar que existen riesgos al medio ambiente y que México es centro de origen, entre otros argumentos.
 
Las solicitudes para 32 permisos que se encuentran en proceso de dictamen en Sagarpa y Semarnat –con plazos ya vencidos– y que involucran polígonos delimitados en esos estados, se presentaron a fines de 2012 y principios de 2013 por parte de las “empresas promoventes” (como Monsanto, Syngenta, etc.) que, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, son las que reciben los permisos para después comercializar la semilla entre los productores, y son responsables de todas las medidas de bioseguridad que prevé la ley (desde la siembra hasta el uso del producto final).
 
Esa suspensión judicial cambia los términos del debate sobre el uso del maíz y de otros OGM, pero no necesariamente para bien. Aunque es deseable pasar de las manifestaciones callejeras, o colgarse de la Estela de Luz y los balcones del Senado, a una discusión más seria e informada, el ámbito judicial no es el mejor foro para definir una política pública que debe sustentarse en bases científicas y económicas y, como tal, someterse a pruebas experimentales y de campo. Que un juez federal, por capacitado que esté, manifieste “entrar al fondo del asunto para evaluar las implicaciones ambientales” no parece la ruta adecuada. Ojalá que se concentre en el cumplimiento o incumplimiento de la ley –que para eso se promulgó desde 2005— en la que se establecen con detalle las etapas, requisitos, evaluación de riesgos y medidas de bioseguridad para la siembra y venta de OGM, desde la fase experimental hasta la comercial.
 
En ese sentido, en los últimos años hubo avances. Si bien la siembra y producción de OGM en México inició para algunos cultivos desde 1995 (en algodón, dado que ya no había semilla convencional disponible en el mercado), después de la moratoria que se decretó durante la administración Fox, a partir de 2008 continuaron los eventos de siembra de soya, se aceleraron los de algodón y se iniciaron los de maíz, todos en el marco de la ley, incluyendo la participación activa de la comisión intersecretarial de OGM y de los comités técnico-científicos en varias dependencias y bajo la metodología de “paso a paso” y “caso por caso”.
 
De 1996 a la fecha se han aprobado 116 permisos, de los cuales 56 correspondieron a maíz GM en fases experimental (en menos de una hectárea) y piloto (entre 1 y 5 hectáreas), precisamente para evaluar sus implicaciones ambientales y económicas. Además, como lo preveía la ley, en 2012 se publicó el Acuerdo de Centros de Origen de Maíz y de Diversidad Genética, así como las medidas de protección, en los estados del norte para delimitar las áreas de siembra de maíz GM. En el caso de la soya, también se llegó a la fase piloto y quedó pendiente la autorización para la fase comercial en 200 mil hectáreas en el sureste del país, por objeciones de los productores de miel de abeja, que argumentaron que ello podría ser fuente de contaminación y poner en riesgo las exportaciones a Europa, lo que sigue en proceso de análisis científico. Para algodón, en 2011 se autorizaron permisos comerciales desde 2011, lo que significó que prácticamente se duplicara su producción desde ese año.
 
Esa debe ser la ruta: evaluar con bases científicas y hacerlo en el marco de la ley. Ojalá que en este caso se aplique la “justicia pronta y expedita”. De otro modo, el país seguirá acumulando rezagos en la aplicación de la biotecnología agrícola.