Opinión

Trabajadores agrícolas sin políticas públicas

 
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Cosecha de rábanos. (Cuartoscuro/Archivo)

El pasado 15 de mayo, además del tradicional Día del Maestro, se celebró el Día del Trabajador Agrícola, el cual pasó totalmente desapercibido, en buena medida porque ya hay días para todos los temas (agua, cambio climático, discapacitados, diversos tipos de cáncer, etcétera), así como para múltiples profesiones y actividades, desde el Día de la Madre hasta el de la enfermera o el del ¡trabajador agrícola!

En cualquier caso, la fecha sirvió para que el Inegi publicara información, esa sí relevante, de algunas características y condiciones del empleo en ese sector, que incluye tanto a agricultores como a trabajadores de apoyo (jornaleros y peones).

Aunque dicha información no es nueva, ya que se deriva de fuentes estadísticas elaboradas y dadas a conocer con anterioridad –como las Encuestas de Ocupación y Empleo (ENOE del cuarto trimestre de 2015), la Agropecuaria (ENA, 2014), la de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2014) y la Intercensal de Población (2015)–, su utilidad es que integra en un solo documento la información disponible en la materia.

El panorama del trabajador agrícola en México es desolador. Del total de agricultores, 64.4 por ciento tienen una edad de más de 40 años, en tanto que 35 por ciento de los trabajadores de apoyo se ubica en ese rango. A ello se agrega que el nivel de analfabetismo es de 13 por ciento en promedio (en comparación con la media nacional de 6.0 por ciento), pero se acentúa en los mayores grupos de edad; en el conjunto de trabajadores agrícolas de más de 40 años, ese indicador alcanza 24 por ciento (vs. una media nacional de 11 por ciento). La escolaridad promedio del empleo en el campo es de 5.9 años, menos de primaria completa, y uno de cada diez agricultores y trabajadores de apoyo únicamente hablan una lengua indígena y no español.

Sobra decir que la conjunción de esos factores impone severos límites a las posibilidades de incorporación de tecnologías, al aprendizaje laboral, a la innovación y, en general, al acceso de los beneficios del desarrollo.

Incluso, el envejecimiento restringe las capacidades físicas en una actividad que se caracteriza por requerimientos elevados de esa naturaleza.

Las perspectivas no son mejores. De cada 100 trabajadores del campo entre 12 y 14 años –es evidente la incidencia del trabajo infantil en este sector– sólo 61 asisten a la escuela. Este indicador disminuye drásticamente en los siguientes grupos de edad: entre los 15 y los 19 años, 24 trabajadores van a la escuela y, en el rango de 20 a 24 años, lo hacen cuatro de cada 100. Esos niveles se acentúan en los agricultores con respecto a los trabajadores agrícolas de apoyo en todos los grupos de edad; es decir, los primeros registran menores porcentajes de asistencia escolar.

En cuanto a las condiciones laborales, la mayoría de los trabajadores (siete de cada 10) laboran en empresas y negocios los que, según el Inegi, prácticamente ninguno está constituido en sociedad, mientras que el resto lo hacen en 'el sector de los hogares', esto es, en agricultura de subsistencia. Ello se traduce en una pésima estructura salarial: 31 por ciento recibe hasta un salario mínimo (que se compara con menos de 15 por ciento nacional), 25 por ciento entre uno y dos salarios mínimos, 10 por ciento entre dos y cinco y un elevadísimo 34 por ciento no reciben ningún ingreso. Además, el acceso a prestaciones laborales, a instituciones de salud y a contratos por escrito es inferior a 10 por ciento del total. De hecho, en este ámbito sólo los trabajadores de dos subsectores tienen acceso al IMSS: los cañeros y los productores de tabaco.

Todo lo anterior pone de manifiesto la ausencia histórica de políticas públicas, o en el mejor de los casos su poco o nulo efecto, enfocadas al sector. Las dependencias involucradas (SEP, en materia educativa; STPS, en condiciones laborales; Sedesol, en estrategias de inclusión social; Salud, en servicios y Sagarpa) tendrían mucho que hacer.

También hay que reconocer que, con argumentos de baja rentabilidad y pérdida de competitividad, se ha postergado la inclusión del sector al desarrollo y a la modernización empresarial.

Twitter: @ruizfunes

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