Opinión

Unidas pedirán regulación

 
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El asunto está para no creerse. Un ramo empresarial completito, en vías por cierto de conseguir una sola organización de interlocución, pide respetuosamente a las autoridades del gobierno federal que se les regule.

La inexistencia de una regulación ha facilitado el que los abusos y excesos sean aplicados a las empresas de servicios prendarios que juegan un papel muy relevante en la población que, entre otras cosas, no tiene una relación financiera con instituciones bancarias.

Políticas de 'según el sapo, la pedrada' son frecuentes en aplicaciones que pasan de lo razonable para instalarse ya en el descaro del exceso y abuso.

Por ello las empresas de servicios prendarios del país desean que el gobierno federal acepte sentarse con la que será próximamente la única institución de representatividad que cubra y defienda los intereses de las marcas que en el sector prendario presten legalmente sus servicios.

En México funcionan aproximadamente dos mil sucursales de 18 empresas y 453 marcas de servicio prendario. Son empresas en su mayoría nacionales que atienden a 38 millones de mexicanos que regularmente no tienen trato alguno con la banca ni con instituciones financieras no bancarias. Sólo dos de las marcas son extranjeras.

Son dos agrupaciones del sector que estudian la posibilidad de constituirse en una sola y así lograr mejores condiciones de funcionamiento en beneficio de la población a la que sirven.

También hay empresas prendarias pirata que al amparo de la ausencia de una legislación han hecho su agosto y han desprestigiado a quienes se esfuerzan por cumplir cabalmente los lineamientos de la legislación federal y de las disposiciones.

Lamentablemente este recurso tan familiar para muchos mexicanos (dos de cada tres está familiarizado con el recurso) ha sido objeto de una interpretación equívoca e incluso hasta abusiva ya que hay entidades en donde, además de lo que se paga al gobierno federal para establecer la empresa, se exige un pago al estado de que se trate e incluso al municipio en donde se encontrará la sucursal.

Por ejemplo: en el estado de Tabasco se exige el pago de 32 mil pesos por cada sucursal que se establezca. El pago no es sólo inicial, es por cada año de funcionamiento. Además se cobra mil pesos al mes por cada valuador que trabaje en la sucursal e incluso hay entidades en donde se exige que cada contrato establecido con un cliente sea registrado y fotocopiados los tantos de los contratos y de las documentaciones de registro para que se envíen a la autoridad que seguro ni las han de leer jamás.

Se paga en ocasiones a la federación, al estado, al municipio por cada sucursal que se abre, por cada valuador que se registre.

En la argumentación que se sostiene existe, presumiblemente, un celo para evitar que haya lavado de dinero en estas operaciones cuando en realidad se han establecido mecanismos muy completos que intentan evitar que en estos centros acaben vendiéndose o empeñándose artículos robados.

Cada ciudadano, para poder recibir el dinero (de una empresa seria) tiene que entregar copia de su IFE, constancia de dirección, que se tomen las huellas dactilares y fotografía de él y del objeto que empeña. También se firma un documento en el que se hace responsable y propietario original del producto que ha depositado.

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicio Prendario y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Empeño están ya en pláticas para conseguir en común una salida a una situación que les afecta a ellas pero perjudica al ciudadano que acude a estas empresas.

Twitter: @ETORREBLANCAJ

Correo: direccion@universopyme.com.mx

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