Opinión

Tolerancia intolerable

 
1
 

 

Celular. (Edgar López/Archivo)

Una grabación ilegal reveló la semana pasada que Bárbara Botello, diputada federal del PRI y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pide ayuda a Francisco Aguilera Candelas, exsecretario de Seguridad Pública de León, para colocar a un policía llamado Ramiro, quien habría reprobado los exámenes de control de confianza: “Oye, échame una mano, Ramiro es un elementazo y reprobó, acomódamelo bien antes de que me lo vayan a correr o hacer algo, que me lo dejes bien resguardado”, se escucha en la grabación.

Aguilera Candelas aprovecha la llamada y quizá el favor que le piden para pedir otro a cambio: le pide a la diputada ayuda para colocarse en la delegación de la PGR en Guanajuato. Botello responde que tendrá una cita con la procuradora Arely Gómez, sugiriendo con ello que podría pedir el favor.

La petición de proteger a un policía que no reúne los requisitos de ley es parte de una llamada en la que la diputada Botello solicita seis escoltas para su uso personal pero con cargo al erario del ayuntamiento de León, mismo que ella gobernó entre 2012 y 2015 cuando pidió licencia para ser diputada federal por la vía plurinominal. Cabe aclarar que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato dota de tal prerrogativa por tres años al gobernador, presidentes municipales y otros funcionarios cuando concluyen su encargo. Que la guardia personal de un exalcalde sea pagada con recursos del ayuntamiento es un abuso que tolera la ley, misma que quiere ser reformada por el PAN.

Cuando inició su gestión como presidenta municipal hace tres años, Botello generó una percepción de honorabilidad e integridad: constituyó un comité anticorrupción en el ayuntamiento de León y había acusado a un exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina, de tener un conflicto de interés no aclarado por una concesión a 20 años de recolección de basura que ganó una empresa ligada con él.

Pero la grabación ofrece una película diferente. Siendo diputada federal está doblemente obligada a ser escrupulosa en el cumplimiento de la ley. No es que otros ciudadanos puedan tener un comportamiento menos estricto, pero los gobernantes tienen además una carga moral de responsabilidad pública que los obliga a tener un comportamiento de cero tolerancia con la comisión de delitos, aun sean insinuaciones.

Llama la atención la indiferencia o silencio de otros legisladores ante un hecho que afecta la fama pública del Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, quien está obligado a hacer “prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo [y] disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones”, dijo: “Ella lo debe aclarar (…) no debe haber tráfico (…) yo creo que en todo caso debe justificar (…)”.

Jorge Carlos Ramírez, vicecoordinador de los diputados del PRI, fue más puntual: “Ella o cualquier persona tienen que estar sometidos a las condiciones de la ley, cualquiera de sus actos que fuera ilegal, por supuesto tendría que ser revisado bajo esa lupa. Nosotros hacemos un atento llamado a que quienes son diputados, particularmente de nuestro partido, actúen dentro de los marcos de la ley estrictamente y sin dar lugar a ninguna clase de exceso”.

Bárbara Botello tiene razón al demandar una investigación que lleve a castigar a los responsables de la grabación ilegal, pues además de afectar la privacidad de las personas, incurren en un delito. Pero esa acusación no debe interferir del hecho de que esa grabación, ilegal como sea, sugiere un comportamiento incorrecto como lo es pedir que un elementazo que trabaja para ella y que reprobó el examen de control de confianza sea mantenido en la nómina.

¿Cómo pueden los diputados remontar la baja estima social si son tolerantes con el comportamiento de uno de sus pares que contribuye al desprestigio de todos? ¿Dónde está la voz del PAN de Ricardo Anaya que dijo que no iba a tolerar “un solo acto de corrupción” porque su partido sería de oposición? ¿Por qué el PRD no ha dicho nada acerca de un tema prioritario en su agenda legislativa? Si la grabación ilegal de Botello distorsiona los hechos, es necesario que ella lo aclare.

El gran reto del combate a la corrupción no es diseñar y aprobar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (asunto muy relevante), ni tampoco que haya mucha transparencia ni que haya seminarios y mesas redondas (la semana pasada hubo tres muy relevantes), sino que se aplique la ley y que los gobernantes, legisladores y funcionarios públicos sean impecables en sus códigos de conducta e intolerantes cuando sus colegas violan la ley o vulneran principios de ética pública.

El caso de Botello no es el único ni el más grave, pero de ser cierto el contenido, refleja con nitidez la enorme flexibilidad de moral pública respecto al tráfico de influencias y la violación de la ley a través del compadrazgo y los favores mutuos. Y más grave aún es la indiferencia que hubo. Quizá sea que los otros medios hayan sido omisos en reportar el hecho porque lo dio a conocer un competidor (MVS Noticias); quizá sea que hay otros escándalos más graves –como el de la fuga de El Chapo–. O quizá simplemente ya nos acostumbramos a ver pasar escándalo tras escándalo y ello está generando cinismo e indiferencia. Cualquier explicación es muy grave.

Twitter: @LCUgalde

También te puede interesar:
Populismo presupuestario
Candidaturas baratas
Nueve reflexiones sobre Ayotzinapa