Opinión

Todos quieren su Virgilio

 
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veracruz


A ellos les pusieron el ejemplo y, como vieron que funcionó, pues lo único que intentaron hacer fue seguirlo. Hoy, todos quieren tener un Virgilio pero, por lo que parece, no va a ser posible. Sólo puede haber uno y ya está ocupado.

Así se entiende el que algunos gobernadores que pronto dejarán sus cargos y que serán sustituidos por ganadores de partidos políticos distintos al suyo, hayan intentado hacer una serie de maniobras para poner candados legales que impidan a sus sucesores perseguirlos judicialmente.

Y me refiero específicamente al de Quintana Roo, Roberto Borge –del cual alguna vez Enrique Peña Nieto dijera que era el ejemplo del político moderno— y de Javier Duarte, de Veracruz, a quien le va a salir muy cara la agresión que sufrieron en Xalapa nada menos que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes; el líder del PAN, Ricardo Anaya; y el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, a manos de los mercenarios de los 400 Pueblos, haya sido o no el autor intelectual del ataque.

Aparte de tener administraciones muy cuestionada, algo más que tienen en común ambos gobernadores es que los dos intentaron nombrar –antes de dejar el poder estatal— a funcionarios afines, inamovibles por ley, que les cuidaran las espaldas.

Como lo desmenuzó muy bien El Financiero ayer en su primera plana, Duarte quiso designar al titular de la Contraloría General del Estado y crear la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción −suena irónico, ¿no?−, en tanto que Borge pensaba nombrar magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Gente que les protegiera la retirada, pues.

La intención de irse con un seguro de impunidad bajo el brazo motivó una serie de protestas, en Quintana Roo encabezadas por el gobernador electo, Carlos Joaquín González −quien dejó de ser subsecretario federal de Turismo para irse a esta contienda política−; y en Veracruz precisamente por Yunes, Anaya y Creel, quienes fueron agredidos al salir del Congreso local a donde acudieron a protestar por el entonces próximo nombramiento del fiscal anticorrupción por parte del gobernador saliente, lo cual subió de tono la presión para que el gobierno federal dejara de estar sólo mirando y tomara cartas en el asunto. Su connivencia ya sonaba a complicidad.

Pero antier la Procuraduría General de la República, a cargo de Arely Gómez González –evidentemente por órdenes de Peña Nieto— presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de las reformas que en materia de corrupción promovieron estos dos gobernadores, con lo cual ambos se desistieron.

Una batalla ganada del lago de la legalidad y la ética.

Duarte y Borge son mandatarios de estados destacadamente turísticos y en ambos hay historias que contar. A Borge en su tierra le tienen miedo. En los últimos dos años, por lo menos, he conversado con varios de los más importantes empresarios de Quintana Roo y no he encontrado ni uno solo que se haya expresado bien de su gobernador. La mayoría coincide en los calificativos y las acusaciones, pero todos lo dicen off the record, nadie quiere meterse en broncas con el todavía mandatario.

Algo que ilustra cuál ha sido el tono del gobierno de Borge, es el hecho que al iniciar su gobierno ordenó a sus diputados que le quitaran la etiqueta a los fondos que recaban por el impuesto hotelero, los cuales estaban etiquetados para promoción turística y que manejaba directamente el Fideicomiso o las OCV encargados de ello.

Al quitar la etiqueta, el gobierno estatal controló ese dinero y asignó un presupuesto para promoción turística, aunque no sea el total de los recursos recabados.

Esto llevó a situaciones como la siguiente: actualmente, el Fideicomiso de Promoción de la Riviera Maya −principal destino turístico del estado−, a cargo de Darío Flota, está lleno de deudas porque no le ha llegado el dinero, lo que ha motivado que diversos proveedores de productos o servicios la hayan cancelado contratos.

La situación ya alcanzó niveles alarmante, porque sus adeudos equivalen al 70% u 80% de su presupuesto anual, el cual ronda los 154 millones de pesos.

Flota −supongo que tratando de ser políticamente correcto−, acepta que ya es una deuda elevada la que tiene, pero afirma que “todavía es manejable”, lo cual se ve difícil. ¿En dónde está ese dinero?

Y en cuanto a Veracruz, ya empiezan a emerger en contra de su secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán, acusaciones de haber inundado de contratos de la dependencia a su cargo a empresas familiares.

No hay que perder de vista que si en ambos estados hay delitos que perseguir, en dado caso, los gobernadores únicamente serían la punta del iceberg. Por lo pronto, el mensaje de la PGR ha sido muy claro: no puede haber más Virgilios, aunque todos sueñen con tener uno. Ese sí que ni Obama lo tiene.

Correo:garmenta@elfinanciero.com.mx

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