Opinión

Todos queremos esos desperdicios

El sindicato petrolero adelantó su revisión contractual varios meses, quizá en prevención de lo que sabía –indudablemente– que iba a ocurrir: que los diputados condicionaran la conversión de los pasivos laborales en deuda pública.

Claro que lo sabían; para eso su líder, Carlos Romero Deschamps y su tesorero, Ricardo Aldana, son senador y diputado federal, respectivamente.

Hasta ahora, los contratos colectivos de trabajo tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad se reservan como secretos de Estado.

De lo poco que se conoce, es que desde finales de los setenta el sindicato petrolero tenía como prestación en su contrato colectivo de trabajo, que el petróleo desperdiciado en la extracción pasaba a ser de su propiedad y podía comercializarlo a “precio preferencial’’ con la empresa que le conviniera.

La supuesta prestación era –o es, no se sabe si la cláusula desapareció ya del contrato colectivo– una aberración, pues suponía una competencia a todas luces desleal al propio Pemex.

Por eso es que la empresa Arriba Limited le ha ganado a Romero Deschamps y su sindicato una demanda que supera los mil millones de dólares, simplemente porque el sindicato petrolero no cumplió con un contrato mediante el cual se comprometió a venderle seis millones de barriles de crudo “a precio preferencial’’.

La historia viene a cuento porque si realmente se pretenden reducir las “prestaciones’’ del contrato colectivo, como ya se ha hecho por ejemplo con el IMSS cuyo sistema de jubilaciones cambió, por ahí debería de comenzarse.

Los trabajadores de Pemex han gozado de un esquema de excepción producto de la permisividad –conste que no dice complicidad– de los directores en turno y de una dirigencia sindical que simplemente abusó.
¿De verdad el contrato se va a adelgazar y los trabajadores de Petróleos Mexicanos tendrán, por fin, que aportar dinero para sus jubilaciones?

Ya lo queremos ver.

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Ayer se hicieron las primeras pruebas de rodamiento en las estaciones de la Línea 12 del Metro que fueron cerradas por precaución, hace ya algunos meses.

Y aparentemente, el asunto va bien.

Lo que no avanza es la concreción de las responsabilidades administrativas, técnicas y penales, en contra de quien autorizó la compra de trenes incompatibles con las vías así como el diseño de una ruta a todas luces forzada, que pudo haber provocado una desgracia.

No se puede negar que Miguel Mancera actuó a tiempo; pero tampoco se puede aceptar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal hable de combate a la corrupción e impunidad sin detenidos.

Eso es demagogia.

Y el tiempo sigue corriendo…