Opinión

Todos en la escuela

Lilia Julieta Guzmán Acevedo*
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Niño viendo computadora

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos ha permitido tener conocimiento casi inmediato de lo que ocurre en diversas partes del mundo. Las sociedades –y por ende, los individuos que las conformamos–experimentamos cambios a una velocidad a la que no estábamos acostumbrados.

Frente a esta situación, las sociedades reconocen cada vez más la necesidad de educar para un mundo global, interconectado; educar para desarrollar en las niñas, niños y jóvenes de todo el mundo las competencias que les permitan participar en este escenario de interacción intensa.

En grave contraste a esta tendencia a la apertura y el intercambio propiciados por el desarrollo de las TIC, las políticas migratorias en muchas partes del mundo se han endurecido. Por ejemplo, en la última década en Estados Unidos (EU) han aumentado significativamente las detenciones y deportaciones de inmigrantes, lo que ha resultado en la dolorosa separación de muchas familias transnacionales.

Las familas en las cuales las madres y los padres deportados tienen la oportunidad de reencontrarse en México, con sus hijas e hijos nacidos en EU o que nacieron en México pero que migraron a una corta edad, se ven afectadas principalmente por cuestiones de integración legal y social en nuestro México, su país de origen.

Esas niñas, niños y jóvenes retornados tienen limitado o impedido su acceso a escuelas y servicios sociales, al no poder cumplir con requisitos que incluyen actas de nacimiento originales o certificaciones con apostillas. Una “apostilla” es una forma de autenticación que se aplica a documentos para que se usen en los países que participaron en la Convención de la Haya de 1961. El proceso para apostillar un documento es largo y costoso, por lo que a las madres y padres de familia se les dificulta realizarlo. Además de ello, la generación joven de retornados enfrentan dificultades para ser recibidos con el aprecio y atención que les corresponde, debido a las barreras del idioma (pues a veces no dominan el español, o no han escrito o leído con él en su trayectoria escolar), por falta de asistencia lingüística adicional, y por las diferencias sociales y culturales en el sistema educativo.

La ironía es que, pese a los reclamos que hacen nuestras autoridades de Relaciones Exteriores para que a los emigrados no se les niegue acceso a la escuela en EU, nuestras autoridades de educación son omisas o contrarias a favorecer el acceso a la escuela en su propio país de origen.

Una educación de calidad es equitativa e incluyente, o no es de calidad. Para que estas niñas, niños y jóvenes hagan efectivo su derecho debemos presionar a las autoridades, sobre todo a las de Educación Pública en la federación y en cada estado, para que se eliminen las políticas internas –a veces, mera inercia– que actualmente exigen actas de nacimiento originales apostilladas para inscribirse en los servicios de educación, y también para que desarrollen programas lingüísticos complementarios para las hijas e hijos de migrantes. Todos en la escuela: ninguno nos puede faltar.

* Lilia Julieta Guzmán Acevedo es investigadora de Mexicanos Primero.

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