Opinión

¿Todavía se puede?

 
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EPN.

El obligado balance al tercer año de gobierno marca inevitablemente un cierre de ciclo. Es la mitad de la gestión al frente del gobierno federal, la línea que divide lo construido, planeado y elaborado, de la consolidación, de la concreción de los proyectos.

Enrique Peña Nieto ha sido un presidente de cambio, de transformación. Se planteó modificar estructuras productivas –mediante las reformas estructurales– impulsar el crecimiento y sentar las bases para un desarrollo más potente y diversificado. Su gobierno y la capacidad de negociación política al inicio del sexenio, lograron el ejemplar Pacto por México –comparado entonces con los célebres y capitales Acuerdos de La Moncloa, que establecieron los cimientos para la democracia española– fijó la agenda de cambio mediante el acuerdo político con los principales partidos. Los logros legislativos son enormes.

No se le puede regatear el alcance de las reformas constitucionales, en un país donde la construcción del acuerdo o del consenso había sido imposible en casi 15 años.

En alguna declaración de aquellos tiempos iluminados –qué rápido se escurrió el Mexican Moment– el presidente Peña afirmó que no había llegado para administrar, en referencia a su espíritu reformista.

También sabemos que los beneficios completos de esas reformas, no serán percibidos y registrados a plenitud hasta dentro de varios años, bien entrada la siguiente administración, o tal vez más. Hasta ahí bien.

Los niveles de aprobación alcanzaban casi el 60 por ciento de opinión favorable, hecho que produjo una inevitable soberbia y sensación de triunfo a muy temprana hora.

Después, los desastres que golpearon fuertemente su imagen, credibilidad y reputación frente a la ciudadanía.

La tardía y torpe reacción del gobierno federal en Ayotzinapa provocó indignación. La “casa blanca” de Las Lomas, rompió por completo el vínculo del joven presidente reformista, con el electorado que vio, en todo, corrupción y negocios.

A esto hay que sumarle una estrategia de seguridad –por lo menos– cuestionable, que en el afán por difundir la imagen de un México productivo, potente, reformista y de avanzada, los genios de la comunicación oficial, consideraron que al degradar el tema de la narcodelincuencia y el crimen organizado en el discurso oficial, en automático, la tensión descendería en los números, los delitos y la influencia de las organizaciones criminales. No fue así. Los trágicos casos de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, por mencionar sólo los que encabezan la lista, demuestran con precisión que por el contrario, el crimen creció, reclutó funcionarios, corrompió policías, infiltró instituciones como gobiernos estatales, locales e instituciones a nivel federal. El surgimiento de las autodefensas –expresión desvirtuada y limítrofe entre la protección ciudadana y el crimen local– es un ejemplo de la descomposición de los aparatos estatales y su incapacidad para cumplir con sus funciones.

¿Qué le queda a este gobierno? ¿Qué hacer en los tres años que restan de administración? cuando las cifras de aprobación a la gestión del presidente son bajas, escandalosamente desaprobatorias.

Me atrevo a proponer dos, esenciales, que pueden lograr una significativa aportación a la cultura política de México.

La primera es el fortalecimiento del Estado de derecho: reformar los ministerios públicos, reestructurar los procesos judiciales, trabajar de fondo con el Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia en este país. ¿Se va a corregir en tres años? No, de ninguna manera. Pero dejará bases sólidas para eliminar la impunidad en México.

La segunda y tal vez la más importante o urgente para la ciudadanía, un combate frontal, enérgico, auténtico contra la corrupción. No una cacería de brujas. La verídica instalación de mecanismos institucionales para perseguir y encarcelar a los servidores públicos y particulares que cometen actos de corrupción que concluya, con la consignación de decenas de servidores, empresarios, particulares, sindicalistas y que vayan a la cárcel.

Enrique Peña Nieto podría en efecto, atesorar el lugar en la historia que todo político añora, no como el presidente reformista, visionario que fue incapaz de frenar la corrupción voraz que lo cubre todo, lo abarca todo y mancha a toda fuerza política. La aplicación de la justicia no puede estar sometida, subordinada a la estrategia política. Se encarceló a Elba Esther porque se rebeló a la reforma educativa –no porque faltarán méritos y delitos para ser acusada de múltiples faltas– pero se deja intacto a Carlos Romero Deschamps –otro cacique impresentable– y a tantos otros líderes obreros de Mercedes Benz y vuelos privados.

El escenario económico internacional no promete condiciones favorables para el crecimiento prometido –exagerada expectativa– pero el 2.5 o el 3 por ciento no son malos en las condiciones presentes. Quedan tres años, 36 meses para trabajar incansablemente en estas dos tareas. El problema no es si se puede, sino de fondo ¿se quiere?

Twitter:@LKourchenko

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