Opinión

Todas las fichas a la reforma energética

25 noviembre 2013 5:2

 
Ya no hay la menor duda. La semana pasada, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lo dijo con todas sus letras: si se tiene que pasar la reforma política en los términos propuestos por otras fuerzas políticas, habrá que hacerlo, porque al PRI y al gobierno les interesa la reforma energética.
 
Traducido a la realidad partidista esto significa que el PAN se encontrará en las próximas semanas en la posición de mayor poder de negociación que ha tenido en todo el sexenio, pues la aprobación de la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, hace necesarios los votos panistas.
 
 
Así que, virtualmente dé por un hecho la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que va a sustituir al IFE, una de las propuestas de Acción Nacional.
 
 
El fondo político de ella es la pretensión de quitar la influencia de los gobernadores en los institutos electorales locales.
 
 
Si toma en cuenta que actualmente entre el PRI y el Verde tienen 21 gubernaturas (lo que representan el 65 por ciento de las entidades) para el PAN el sentido de la reforma tiene que ver mucho con los comicios locales que se realizarán en los próximos años.
 
 
Sólo en 2014 habrá seis procesos electorales: Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Michoacán. Y en 2015, además de las elecciones federales, habrá elecciones locales en 15 entidades.
 
 
Ello pone de relieve la trascendencia del cambio que propone el PAN y que seguramente será aceptado por el PRI.
 
 
El otro tema relevante en el que hay coincidencia de ambos partidos es en la paridad de género en las candidaturas, lo que obligará a una recomposición interna de los partidos y a la búsqueda de más mujeres para convertirlas en sus candidatas.
 
 
Si el PAN tuviera solidez en estos momentos y no estuviera metido en una guerra de fracciones y ambiciones en vista de la elección de su presidente nacional en 2014, podría influir en la legislación político-electoral incluso más que en los sexenios en los que estuvo en el gobierno.
 
 
Quizás la única propuesta que el PRI no dejará pasar es la de la segunda vuelta en la elección presidencial, que permitiría que los presidentes llegaran al gobierno con más consenso que lo que ha ocurrido en las últimas tres elecciones.
 
 
La definición de la reforma constitucional en materia energética como la reforma prioritaria de esta administración tendrá también el efecto lateral de retrasar la concreción de las reglas en materia de telecomunicaciones.
 
 
Aunque la propuesta de ley secundaria del Ejecutivo ya está lista, todo indica que no se enviará al Congreso en este año, pues tanto senadores como diputados están visualizando que no habrá tiempo para revisarla
y negociarla.
 
 
El hecho de que la propia reforma constitucional haya fijado un plazo que vence el 9 de diciembre no será determinante, pues los legisladores ya han dicho que pretenden sacarla adelante en la primera quincena de febrero.
 
 
Aunque en este año no saldrán las reformas a las leyes secundarias en materia de energía, el respaldo del PAN a la reforma constitucional seguramente también estará sujeto a algunos de los términos de la redacción de las leyes secundarias.
 
 
En algún momento se acarició la idea de que, por ejemplo, la supresión de la reforma constitucional al artículo 28 permitiría el respaldo, incluso de una fracción del  PRD a la reforma del 27. Sin embargo, como está el panorama de conflictos en el partido del sol azteca, todo indica que no habría esa posibilidad.
 
 
La prioridad del gobierno y de los operadores políticos del PRI, es obtener el respaldo del PAN. Para lograrlo, verá usted que eventualmente se hace todo lo que deba hacerse.
 
 
No debe haber ninguna duda: la aprobación de la reforma constitucional en energía es hoy la prioridad número uno de este gobierno.
 
 
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