Opinión

Tlatlaya, el parteaguas posible

Lo ocurrido en Tlatlaya fue un crimen perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado. No hay otra explicación a la contundencia de las fotografías y testimonios.

La versión del enfrentamiento seguramente es real. Pero el desenlace no es como se dijo luego de los sucesos del 30 de junio.

Al tiroteo entre ambos bandos –el Ejército y los delincuentes–, siguió una ejecución sumaria de los que se rindieron.

En lugar de llevarlos ante un juez, los pusieron contra la pared y los mataron.

Por eso murieron 22 del bando de los delincuentes, y sólo se reportó un herido del batallón del Ejército que los enfrentó.

No es que los bandidos hayan luchado “hasta el último hombre”. Los mataron sin juicio.

Veintidós muertos de un lado, un herido del otro. Sería una gran noticia que la eficacia de los defensores de la sociedad diera para tanto, pero no fue el caso. Hay 14 cuerpos que recibieron un disparo de fusil a 30 centímetros de distancia y las balas dejaron una horadación en la pared contra la que los pusieron.

Eso es salvajismo puro. No es nuevo. Hemos tenido otros casos similares en los años recientes, y el reto es hacer de este episodio sangriento un punto de quiebre. Nunca más.

¿De verdad hay un compromiso con los derechos humanos? Que se demuestre.

Y eso no es hacerle el juego a los delincuentes, sino evitar que se debiliten las Fuerzas Armadas en su conjunto.

No puede haber relajamiento en la lucha contra la delincuencia, pero tampoco en la defensa de los derechos humanos.

Hacerse de la vista gorda ante los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas del Estado, es poner en igualdad de condiciones a soldados y criminales y no debe ser así. Los primeros representan la legalidad y el Estado de derecho.

Lo ocurrido en Tlatlaya puede ser el punto de inflexión para una ominosa trayectoria de ejecuciones extrajudiciales de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ocurridas en años recientes.

Afortunadamente el secretario de la Defensa Nacional ordenó una investigación y están detenidos ocho militares del batallón que participó en el operativo de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.

Eso quiere decir que hay voluntad para marcar un antes y un después en ese terreno. Es alentador. No hay la intención de echar tierra al asunto, como ocurrió en años recientes en Morelos, en el Tec de Monterrey o en el puerto de Veracruz.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que los primeros datos de que hubo ejecuciones en Tlatlaya vinieron de Estados Unidos.

Una revista estadounidense, la agencia AP y el Departamento de Estado fueron los que dieron la voz de alerta en el sentido de que la historia del “enfrentamiento” tuvo un desenlace distinto: los que se rindieron fueron pasados por las armas.

Veintidós muertos de un lado, cero del otro, y las víctimas (presuntas secuestradas) liberadas.

Esa correlación, ¿no llamó la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿El gobierno local no sabe lo que pasa en su territorio?

Las Fuerzas Armadas ya trabajan para corregir y tienen a un oficial y siete soldados presos, sujetos a investigación. De la CNDH aún no sabemos nada. Y del gobierno del Estado de México tampoco.

Twitter: @PabloHiriart