Opinión

Tierras con petróleo: implicaciones

De los aspectos de mayor debate en el Congreso para la recién promulgada Ley de Hidrocarburos fueron los términos y condiciones del “uso y ocupación superficial” de las tierras para realizar la exploración y la extracción de petróleo y gas, en particular las que actualmente se dedican a actividades agropecuarias, que incluyen tanto las ejidales y comunales como las de propiedad privada. Sin duda, el tema era clave para darle viabilidad a la participación privada en el sector energético.

Aunque como en todos los ámbitos de la legislación secundaria de la reforma habrá que evaluar cómo aterriza su instrumentación y operación, vía reglamentos, regulaciones, modelos de contratos y un largo etcétera, la nueva ley apunta a facilitar y otorgar seguridad jurídica a las inversiones, ya que establece los procesos para negociar y acordar el uso de las tierras, así como las contraprestaciones correspondientes a los titulares de los terrenos por afectaciones, pago de rentas e incluso participación en los ingresos que generen los proyectos.

En ese sentido, se incluye la presencia de testigos sociales en las negociaciones; se establecen lineamientos para definir las contraprestaciones, considerando el valor comercial de las tierras; se obliga a celebrar contratos con derechos, obligaciones y solución de controversias entre las partes; se establecen mecanismos y figuras de mediación, cuando no se alcancen acuerdos; y se involucra, además de al tribunal agrario, a jueces en materia civil para dar certeza jurídica a la partes. Gran avance para hacer negocios e inversiones en terrenos rurales.

No obstante, cuando se trate de tierras ejidales o comunales, se aplicarán las “formalidades previstas” en la Ley Agraria. Eso significa caer en el burocratismo y problemática de las asambleas ejidales, como la integración del quórum, la representación y la asistencia de ejidatarios para la toma de decisiones, en un contexto de envejecimiento y ausencia de los titulares de los derechos agrarios en el campo.

A ello se suman las funciones que esa ley le confiere a la Procuraduría Agraria para validar las asambleas ejidales, cuando esa institución se caracteriza por falta de recursos y de personal para realizarlas, por no mencionar la corrupción. En buena medida, ello explica la lentitud en los procesos para transformar las tierras ejidales y otorgar propiedad plena a los titulares de los derechos, que se previeron desde las modificaciones constitucionales de 1993. Ahora, la Procuraduría también tendrá la obligación de asesorar y representar a los ejidatarios y comuneros en las negociaciones con las empresas interesadas en la explotación petrolera y velar por sus intereses. Vaya tarea, para la cual no está preparada ni bien equipada.

Lo anterior implica un sesgo para hacer negocios y generar rentabilidad a favor de la propiedad privada en comparación con la social en el sector rural. Además, se perdió una gran oportunidad para revisar, actualizar y simplificar la legislación agraria; ojalá que la “reforma al campo” corrija esa discriminación y no sólo se limite a aspectos financieros y presupuestales, como se ha difundido hasta ahora.

Se requiere reformular el marco regulatorio para inducir, facilitar y dar seguridad jurídica a las inversiones en el sector rural, sobre todo en actividades agropecuarias. La Ley de Hidrocarburos le da una “ventaja comparativa” importante a las inversiones en proyectos energéticos, lo que sin duda es bienvenido, pero que no existe para otros sectores o actividades.

De ahí la importancia de generalizar la filosofía de esa ley para fortalecer en el sector agropecuario esquemas contractuales formales, el cumplimiento de contratos (y sanciones al no hacerlo), así como mecanismos de mediación y solución de controversias. Asimismo, es necesario capacitar a jueces y tribunales en materia civil para atender los temas en materia agraria y agropecuaria. Sería deseable redefinir el papel y reestructurar a los tribunales agrarios.

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