Opinión

Testigos protegidos, en entredicho

   
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Yarrington

A propósito de la detención de quien durante más de cinco años se mantuvo en calidad de prófugo de la justicia, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, nos queda la duda de si las acusaciones que pesan sobre este personaje tendrán el peso jurídico suficiente como para ser procesado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y aunque no se trata de defender a un delincuente, y menos cuando los gobernadores, muchos de ellos, han salido todo unas fichitas en el mundo delictivo, tal vez sea tiempo de ponderar la utilización de los testigos protegidos en nuestro sistema de justicia.

Lo anterior si consideramos que, durante años, el exmandatario estatal ha basado su defensa en denunciar procedimientos irregulares en los que las autoridades sustentan sus acusaciones, tal como la utilización de los llamados 'testigos protegidos', figura jurídica que durante las administraciones panistas, con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, se utilizó de manera sistemática, al grado de que se llegó a pensar que se fabricaban delitos y se fincaban responsabilidades como una forma de persecución política, más que en aras de la aplicación de la justicia.

De Tomás Yarrington se dicen muchas cosas en la opinión pública, pero la importancia de su aprehensión radica en saber si hay nuevos elementos para procesarlo o las acusaciones siguen siendo las mismas que en su momento aportaron supuestos testigos protegidos, y en este caso no podemos perder de vista el hecho de que en la presente administración las autoridades de la PGR disminuyeron la utilización de esa figura, porque los testimoniales dejaron de ser confiables y las fallas eran tantas que muchos de los inculpados hoy gozan de su libertad.

Fueron muchos y muy sonados los casos judiciales donde las pruebas más sólidas eran las que provenían de los testigos protegidos, el problema es que estas figuras lo mismo declaraban contra casos de corrupción y delincuencia organizada, que en desvíos de recursos públicos y otros delitos, o bien una vez declaraban contra un procesado en Tamaulipas y al día siguiente lo hacían contra otro en Tabasco, procedimiento que al paso del tiempo generó muchas suspicacias en el sistema de justicia.

“Los testigos protegidos son gente que está acostumbrada a vivir del erario público y no les importa mentir si así se les pide que lo hagan”, reconoció en alguna ocasión la exministra Olga Sánchez Cordero al hablar de las deficiencias de ese tipo de testimoniales en la aplicación de justicia.

Cabe mencionar que en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio está permitido que los testigos sean entrevistados por un abogado particular, lo que anteriormente no era así y tal vez por eso la proliferación de los llamados testigos protegidos, ya que antes eran los ministerios públicos los únicos encargados de levantar testimonios y eso se prestaba mucho a la manipulación o falsificación de datos.

El exmandatario tiene además acusaciones en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas, por narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga, por lo que si en la PGR no hay nuevos elementos de prueba, que no estén basados en testimonios ficticios o manipulados, desde ahora podemos anticipar que Yarrington no regresará a México a pagar los delitos por los que se le acusa. De Italia se irá derecho a una cárcel estadounidense, porque es seguro que las pruebas de allá tengan un mayor sustento jurídico.

Qué tan contundentes son las pruebas contra el exmandatario tamaulipeco y qué tan efectivo es el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio recién entrado en vigor en México, los hechos lo dirán.

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