Opinión

Territorios productivos y la inclusión financiera

 
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 [Bansefi tiene presencia en 987 municipios del país. / Cuartoscuro] 

El diseño del Programa de Inclusión Social PROSPERA vincula a las titulares de las transferencias y sus familias con quince programas de proyectos productivos e inserción laboral de distintas dependencias gubernamentales, junto con un esquema de acceso prioritario a programas para la infraestructura comunitaria, vivienda e inclusión financiera a través de BANSEFI.

En el marco de la operación nacional de este programa se puso en marcha la estrategia “Territorios Productivos” que pretendía ser una intervención mucho más fina, lograda a través de la organización comunitaria, para sentar las bases de un desarrollo sostenido, autónomo y en el mediano plazo, menos dependiente de los subsidios públicos.

En este proyecto piloto, la oferta institucional de programas de subsidio se visualizó como la oportunidad para generar bienes públicos y lograr la integración productiva del territorio (población, tierra e instituciones), es decir, romper con la inercia de la entrega de apoyos individuales que crean categorías de personas en una misma comunidad: los que reciben proyecto y los que no. Asimismo, planteó un desarrollo gradual e integral, en donde el subsidio fluye tanto para la adquisición de activos, como para la asistencia técnica, apoyos a la comericalización, es decir, este proyecto piloto reconoce que las capacidades para una vida organizacional, económica, social y laboral autónoma e independiente no se logran a través de apoyos individuales, ni dispersos.

En estos términos parecería un proyecto piloto con mucho potencial, al vincular las políticas públicas, con la organización local y el acceso a mercados financieros, interesante por ser una intervención con enfoque territorial, como se ha venido buscando desde la creación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural.

Sin embargo, son muchos los desafíos para que este diseño se convierta en una real estrategia de participación y organización a nivel local. En primera instancia, la experiencia en comunidades del sureste con hogares que reciben la transferencia, demostró que una convocatoria desde el sector público para un desarrollo financiero y microempresarial es inviable y que en la práctica, la frontera entre la transferencia de tipo asistencial y los recursos para la inversión productiva con inclusión financiera no existe.

Y dicha línea no existe precisamente porque para revertir la pobreza se requiere de una construcción social, que modifique la percepción de lo que por muchos años ha sido recibir transferencias de dinero a cambio de cierto “comportamiento corresponsable” a desarrollar una actividad económica y acceder a servicios financieros. La cuestión no es que las familias no puedan correr riesgos, ser empresarios u organizarse, el problema es que cuando viene del mismo sector y programa se asume como parte de lo mismo.

Y para el sector público también hay un distanciamiento entre lo que planea y la percepción local y posterior implementación, es decir, se asume que por el simple hecho de canalizar muchos proyectos y crédito, la empresarialidad se da en automático, sin haber pasado por un proceso de construcción social, de creación de instituciones y organizaciones locales, que sean emanadas de la sociedad y no impuestas desde el sector público.

Quizá para el reloj político, construir instituciones locales y organizaciones es un proceso lento y poco visible; sin embargo, consideramos que es mucho más seguro atender a la percepción y evaluación que hacen los propios beneficiarios de todas las intervenciones que se les acercan para tener estrategias de desarrollo duraderas y con uso mucho más asertivo de los subsidios públicos.

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