Opinión

Téllez busca salvar sanciones


 
 
En el jurídico de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se han encendido las luces ámbar ante las sanciones que sería objeto su presidente.
 
Ya le he referido que existen en tribunales sendas sentencias en contra de Luis Téllez Kuénzler resultado de las demandas interpuestas por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Elektra por el tremendo desaseo en el proceso para modificar la metodología del IPC que fue ventilado meses antes de su entrada en operación lo que implicó un quebranto multimillonario a la cadena de los pagos chiquitos.
 
Me refiero concretamente a la sentencia definitiva de 23 de abril de este año pronunciada por el juez vigésimo séptimo de lo civil que condena a Téllez Kuénzler al pago de la indemnización pecuniaria, aún sujeta a cuantificación en ejecución de la sentencia.
 
El expediente resulta grave no sólo en lo monetario, ya que se trata de reparar la afectación pública que tuvo una emisora, también por las repercusiones al interior del gremio casabolsero, tradicionalmente muy celoso para que no se ventilen en la opinión pública algún problema del mercado.
 
Y es que en las fojas 7, 8 y 9 de la sentencia definitiva, el juez de la causa explica y reproduce los principios éticos generales del Código de Etica Profesional de la Comunidad Bursátil que resultan exigibles al presidente y director general de la BMV.
 
Añada que en las fojas 12, 13 y 14 se refiere a que se violaron los principios éticos del mercado por parte de Téllez Kuénzler al difundir públicamente en entrevista con Joaquín López-Dóriga que el cambio de metodología para la integración del IPC le resultaría aplicable a Elektra en el mes de septiembre, amén que Elektra había reportado a la bolsa resultados financieros negativos correspondientes al primer trimestre de 2012, lo cual resultó falso, como se acreditó con la prueba pericial en materia financiera y contable rendida durante el juicio.
 
Añada la resolución del 4 de julio pasado en la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del DF que revoca la admisión del recurso de apelación interpuesto por Téllez Kuénzler para impugnar precisamente la sentencia definitiva del 23 de abril de 2013, en virtud que el escrito de apelación carece de la firma autógrafa del presidente de la BMV ó de sus apoderados legales, tal como lo hace constar la certificación levantada por dicha sala.
 
Al respecto el jurídico de la BMV ha dicho que insistirá en buscar la apelación.
 
 
La ruta del dinero
 
 
En más temas bursátiles será el martes 16 de julio cuando se fije el precio de colocación de Banorte. Hablamos de una operación que permitirá a la entidad que preside Guillermo Ortiz Martínez captar unos 2,000 millones de dólares. Los colocadores en la parte internacional son Morgan Stanley y Bank of America, mientras que la parte local la lleva Banorte Ixe… Después que la SCT que comanda Gerardo Ruiz Esparza se pronunciara a favor de llevar a cabo modificaciones al contracto colectivo de trabajo de todos los sobrecargos, como establece la demanda interpuesta por Aeroméxico, el conflicto entre la aerolínea y el sindicato ha entrado en una etapa definitoria. Ahora se espera que en los próximos días se hagan públicos los peritajes que realizó la autoridad laboral al respecto para que de manera inmediata se proceda, lo que podría dejar muy mal parado a Ricardo del Valle como líder de ASSA
 
Nada, que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mantiene su compromiso con la transparencia en la administración de justicia, así como en la protección de los derechos procesales de las partes involucradas en toda querella. En ese tenor y pese a los espacios que ha ganado en los medios la película Presunto Culpable, la titular del juzgado décimo séptimo civil del Distrito Federal en estricto apego a la ley de la materia y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebró la audiencia relativa al desahogo de pruebas en el que se reclama daño moral en contra de los productores de dicha película, la cual se llevó a cabo sin presencia de los medios de comunicación. Esto a partir de entender que el principio de publicidad judicial debe equilibrar por un lado el interés del Estado por una administración de justicia transparente y por otro el interés de cualquier individuo en que se respeten sus derechos personales, como son la intimidad, el honor y la privacidad haciendo realidad la función garantista del proceso. Para la autoridad judicial el verdadero interés público se garantiza desarrollando un procedimiento judicial exento de presiones políticas, mediáticas o de cualquier índole ajena al mero respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos de las partes involucradas, por lo que hace público su rechazo a las presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de ese tribual. Esto en el entendido que el poder judicial es respetuoso de los medios de información.
 
 
rvarela@elfinanciero.com.mx
 
- Luis Téllez Kuénzler
- Ricardo Salinas Pliego
- Gerardo Ruiz Esparza