Opinión

Telecomunicaciones, Slim y su porra

Es cierto que la legislación reglamentaria que envió el Presidente al Congreso debe tener ajustes. Para eso está el Legislativo. Pero no se justifica la sobre reacción de grupos que hablan de una contra reforma autoritaria.

Lo que ha dolido, y mucho, es que Carlos Slim no pueda dar servicios de televisión y deba compartir algo de su infraestructura con sus potenciales competidores.

A partir de ahí se ha montado una campaña histérica contra la reforma en telecomunicaciones, con base en calumnias y suposiciones, independientemente de que hay quienes critican algunas partes de la legislación secundaria con argumentos y no con intereses.

Por dos años Carlos Slim no podrá dar servicios de televisión, con lo que va a quedar fuera del concurso por las dos cadenas que serán licitadas este año. Qué bueno que así sea.

La televisión da poder político. Precisamente por eso se van a licitar dos nuevas cadenas: para ampliar el número de jugadores en ese campo y que la competencia no quede sólo entre dos grandes empresas.

Pero hay quienes escriben todo tipo de absurdos porque quieren que a Carlos Slim, además de su inmenso poder económico, le den poder político. Eso no es conveniente para éste ni para ningún Estado democrático.

Del total de acciones que se negocian diariamente en la Bolsa Mexicana de Valores, 15 por ciento corresponden únicamente a América Móvil, más aparte Sanborns y Grupo Inbursa. ¿Debe el Estado darle más poder a Carlos Slim, entregándole también una cadena nacional de televisión?

Ahí está el quid del enojo de los que atacan la legislación secundaria en telecomunicaciones. Hacen eco de la molestia de Slim. Él ya calificó a la reforma como “confiscatoria”, porque tiene que compartir con sus competidores parte de su infraestructura.

Pero él (vamos, Dish) se va a beneficiar de la entrega de contenidos gratuitos de Televisa y Azteca, para poderlos revender, sin pagar un peso por ellos.

La claque de Slim en medios (salvo honorables excepciones que llevan décadas en este tema) dice que la legislación reglamentaria de la reforma traiciona al texto constitucional aprobado, porque le resta facultades al Ifetel. No es así.

La Constitución sólo le otorga autoridad al Ifetel para vigilar tiempos de publicidad en radio y TV en el caso de anuncios comerciales, pero no le dio facultades para regular contenidos, como cadenas nacionales y clasificación de programas. ¿Qué facultad le quitan al Ifetel?

Dicen que con la declaración de preponderancia se favorece a Televisa-porque “no incluye a la TV de paga”-, sobre las empresas de Carlos Slim. Tampoco es así.

La Constitución establece la preponderancia por sectores (una participación nacional mayor al 50 por ciento, por su número de usuarios, suscriptores, audiencias, tráfico de redes o por su capacidad) y no por servicios. Por esa razón Televisa fue declarada preponderante en radiodifusión y América Móvil en telecomunicaciones.

Alegan que hay un golpe a la democracia porque “la autoridad competente, de conformidad con las leyes aplicables”, puede obligar al concesionario a bloquear las señales en eventos públicos y lugares críticos para la seguridad pública y del Estado.

Si a alguien le roban su celular y lo denuncia, el concesionario debe bloquear la señal. ¿No les gusta? ¿Por?

Y la seguridad nacional siempre ha sido un asunto -y debe seguirlo siendo- del Estado. ¿O no?