Opinión

Tanhuato: el que calla otorga

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Tantuato.

Hace una semana se publicó que los 42 presuntos delincuentes muertos en Tanhuato a manos de la Policía Federal no cayeron en combate, sino que en su mayoría fueron ejecutados por oficiales que representan al Estado mexicano.

La información no provino de un inventor de complots para entregar el petróleo a Estados Unidos o para dejar escapar al Chapo Guzmán, como abundan en estos tiempos, sino de un periodista serio como Carlos Loret de Mola.

El gobierno tiene la obligación de aclarar ese caso, pues respetar la libertad de expresión no es solamente permitir hablar o dejar que se escriba lo que se quiera, sino escuchar y atender lo que se dice, siempre y cuando sea sensato, como lo publicado por el columnista de El Universal.

Los hechos relatados por Loret de Mola son contradictorios a las explicaciones que dio la Comisión Nacional de Seguridad, acerca del enfrentamiento ocurrido la madrugada del 22 de mayo.

Loret tuvo acceso a los peritajes del Ministerio Público y con base en ellos publicó lo siguiente:

“Más del 70 por ciento de las víctimas (42 delincuentes) aparecen con el tiro de gracia en la nuca. Las necropsias arrojaron que incluso uno de los cadáveres no presentaba impacto de bala, y que habría sido matado a golpes.

“Se concluye que los cuerpos fueron movidos y las armas con las que fueron encontrados en realidad se las sembraron, al grado que a varias de ellas les encajaron cargadores que no son del mismo modelo y no hubieran podido ser accionadas en combate”.

Todo indica, pues, que se trató de una masiva ejecución extrajudicial, inaceptable en un país civilizado y con prensa libre.

Otros colegas se han encargado del tema, pero parecen ser pocos ante el desprecio que una acción de esa naturaleza implica para el respeto a la vida humana.

Dice Loret en su columna de hace una semana (5 de agosto), que la ejecución de los delincuentes, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, obedeció a una venganza de la Policía Federal por la emboscada del 19 de marzo pasado a miembros de la Gendarmería, en la que mataron a cinco de sus integrantes.

Es obvio que a los delincuentes hay que aplicarles todo el peso de la ley. Pero de la ley.

Y si se enfrentan con miembros de la Policía o del Ejército, los delincuentes deben ser abatidos. Es parte del combate. “El que los fierros agarra, a los fierros se atiene”, decía el general Francisco Villa y tenía razón.

Pero matar a palos o con tiro de gracia a quienes no están en combate, es asesinato. Un asesinato por parte de representantes del Estado.

No podemos dejar que México se convierta en un símil de países africanos, presas de la barbarie.

La Comisión Nacional de Seguridad no ha dado respuesta a la información Carlos Loret. Y en estos casos el que calla otorga.
Lo mismo ocurre con los medios de comunicación.

Twitter: @PabloHiriart

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