Opinión

Suspensión de garantías en Michoacán

10 febrero 2014 5:10 Última actualización 31 julio 2013 5:6

 
 
 
Carlos Javier González
 
 

El recrudecimiento de la violencia en Michoacán a seis años de iniciada la estrategia del gobierno calderonista de lucha frontal contra el crimen organizado --precisamente iniciada en dicho estado-- evidencia el fracaso de dichas acciones de la pasada administración y también las de la presente administración en el estado. Michoacán no puede convertirse en la vitrina en que todas las fuerzas políticas se evidencian recíprocamente como unos perdedores en la lucha contra el crimen.
 
 
En ese estado de la república, han convergido en diferentes momentos de la historia reciente del país, las tres grandes fuerzas políticas nacionales PRI, PAN y PRD en diferentes niveles de gobierno --municipal, estatal y federal-- y la realidad es que es independientemente de aquél que detente el poder legítimo y legal, el fracaso del estado para garantizar la tranquilidad ciudadana es evidente, sin distingo de ideología o filiación partidista: simplemente, en Michoacán los gobiernos no pueden con el crimen organizado.
 
 
Esta problemática, comienza a decantarse hacia los miembros de las fuerzas federales, pero no por ello se garantiza que cesen los levantones, cobros de extorsiones, derechos de piso, etc., que vulneran al ciudadano común y corriente.
 
 
No nos engañemos: la estrategia de ataque frontal contra las fuerzas federales trae consigo un desafío y un reto al gobierno de Peña Nieto, para intentar evidenciar que ésta, tampoco será una administración que pueda recuperar a Michoacán para el Estado Mexicano.

Sin embargo, el nivel de violencia y de afrenta que han alcanzado los criminales en Michoacán --y Tamaulipas-- debe de ser repelido como lo ha dicho el presidente de la República: Con inteligencia, tecnología y cooperación. 
 
 
La cooperación pasa por la asunción conjunta de una postura de estado para la terminación de la violencia, más sabiendo que las 3 grandes fuerzas políticas han sido superadas por los criminales por lo que llega el momento de cuestionarse si en Michoacán debe decretarse una suspensión de garantías que permita a las autoridades, llevar a cabo su trabajo de inteligencia, en una posición de ventaja respecto a los delincuentes, que siempre parecen ir un paso delante de ellos.
 

La suspensión de garantías es una medida extrema que fue contemplada por los constitucionalistas del 1917, que sabían que en ocasiones debe sacrificarse temporalmente algún bien jurídico tutelado, en aras de alcanzar un objetivo mayor. Ahora bien, para aquellos que temen que una suspensión de garantías sea el inicio hacia un régimen autoritario, deben comprender que se trata de una institución constitucionalmente establecida para el beneficio social en casos extremos, como el que vive actualmente Michoacán.
 
 

Además, esta acción no puede ser sobre todos los derechos ni de manera perpetua. Debe ser puntual, temporal y acordada de común acuerdo entre el poder ejecutivo y el legislativo, para lo cual se requiere una impecable operación política que salve los escollos propios de una medida extrema como la propuesta. Parece ser que el ambiente que se vive actualmente en el país es el de una negociación política seria, respetuosa y con visión de estado.
 

¿No sería sensato subir a la mesa de negociación la suspensión de algunas garantías en los estados en que la violencia se ha tornado inmanejable?
 
 

Mas allá de los extremistas de izquierda, que le dicen que no a todo, pareciera que dentro de una reflexión responsable, las tres principales fuerzas políticas nacionales, deben de asumir su parte de culpa en el fracaso por recuperar la tranquilidad y gobernabilidad en tierras purépechas, aunque se tenga con ello un costo político innegable. Tal vez, ante los hechos que hemos presenciado recientemente, es necesario un debate serio y responsable para suspender algunas garantías en Michoacán que permitan el regreso del Estado de derecho en dicha entidad.
 
gonzalezrobles@gonzalezrobles.com