Opinión

Suspensión como exhorto

  
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Javier Duarte. (ilustración)

Por alguna razón, los tiempos en este sexenio son largos y las decisiones lentas.

El PRI tuvo que enfrentar una elección en junio pasado con una pesada carga; en la campaña, al menos en cuatro ocasiones se le pidió al presidente Enrique Peña hacer algo para quitar a Javier Duarte del gobierno, pero se optó por perder la elección en Veracruz.

Hoy, a poco más de dos meses de que Duarte de Ochoa tenga que dejar el cargo el primero de diciembre próximo, se tomará la decisión de suspenderle sus derechos partidistas, pero para el PRI ya es tarde, ya perdió la elección y esto es sólo juego de pirotecnia.

El hecho de que el dirigente del tricolor, Enrique Ochoa Reza, se haya convertido en fiscal de los propios priistas ha molestado a muchos. No sólo a los veracruzanos, quienes ya publicaron un desplegado, también a los diputados de otros estados que, con este tipo de acciones, ven peligrar el futuro político de su partido.

Los veracruzanos están seguros de que la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria será la suspensión de derechos del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y están dispuestos a aceptarlo, finalmente eso equivale a un exhorto del Congreso, es decir a 'nada'.

Pero lo que de ninguna manera avalarán es la expulsión del gobernador, porque si intentan hacerlo se vestirán de guerra y, con un recorte presupuestal de 239 mil millones de pesos, se tendrán fuertes resistencias en su aprobación no sólo de los 16 diputados veracruzanos que firmaron el desplegado este fin de semana, sino también los de Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas que viven una situación similar.

Además podría haber otros que se sumaran a la guerra, ya que los priistas se preguntan por qué se ataca a los propios militantes y no se actúa de la misma manera contra panistas, perredistas y morenos.

El desplegado publicado este fin de semana pareció no molestar a Enrique Ochoa, quien aseguró que la Comisión de Justicia Partidaria “no cederá a presión alguna ni se dejará intimidar”.

Y esta certeza y valentía se basa en que la expulsión que llevaría a la guerra a los priistas no dependerá del propio partido, sino de las instancias gubernamentales, en particular la Procuraduría General de la República, ya que de acuerdo con el artículo 225 de los estatutos “la expulsión de los mandatarios aún en funciones se concretaría sólo en caso de ser sentenciados por la autoridad judicial”.

De esta forma, la suspensión de derechos de Duarte de Ochoa parece más bien un juego de acuerdos tardío, que busca limpiar la cara del partido, sin enfrentarse del todo con la militancia.

No obstante, algunos priistas se preguntan si su presidente ha pensado que seguir con este tipo de acciones puede llevarlos hasta la cabeza del Poder Ejecutivo federal, como sucedió con la guillotina en la Revolución Francesa.

Al tiempo, más que una cacería parece que ya hubo acuerdos, pero de no ser así, varios priistas están decididos a enfrentarse con su propio presidente de partido.

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Y para entender el desmedido gasto corriente, hay que dar una vuelta a la calle de Presidente Carranza número 7, en Coyoacán, donde diariamente están paradas: una camioneta con cuatro guaruras, una camioneta de la Policía Federal y una motocicleta al resguardo de algún importante funcionario.

Y si usted se atreve a comentar algo respecto a la forma en que se utilizan sus impuestos, el policía federal Salazar, puede hacerle pasar un mal momento. ¿Será que del tamaño del miedo es la culpa?

Twitter: @ginamorettc

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