Opinión

Suena la alerta sísmica del monopolio

11 octubre 2017 22:8
   
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alerta

La polémica sobre la presunta “apropiación” de la alerta sísmica en la Ciudad de México, por vía de la “certificación exclusiva”, es un buen pretexto para revisar algunos temas que han permanecido intocados por varias décadas. El asunto pasa por el cuestionamiento de la validez de imponer como condición excluyente de las autorizaciones oficiales de Protección Civil la compra de equipos de una marca y una empresa determinadas.

La objeción generalizada es que CIRES-MDreick, consorcio ganador del contrato, vende en precios exorbitantes tanto el equipo como los servicios de instalación, sin que su tecnología sea superior a las de otras empresas competidoras. A favor de la posición del gobierno de la CdMx puede argumentarse la necesidad de homologar los equipos, de tal suerte que las certificaciones puedan descansar en la estandarización derivada de una proveeduría única.

De manera normal, la exclusiva que ostenta esta empresa tendía que obedecer a las reglas que la legislación de adquisiciones impone en materia de licitaciones. Se presume que, si los equipos son únicos, entonces la asignación del contrato debe por ley corresponder al titular de los derechos de propiedad intelectual correspondientes. Pero no es el caso. Los antecedentes reportan que CIRES-MDreick es el proveedor exclusivo porque ningún otro competidor ha logrado la certificación de sus equipos, lo que les ha conferido una suerte de monopolio que les permite la fijación de precios.

Para aumentar la duda razonable, resulta que el contrato otorgado a la empresa ganadora no expresa fecha de vencimiento, lo que convertiría el compromiso del gobierno capitalino en un asunto a perpetuidad.   

¿Qué sucede, entonces, con los cuantiosos recursos públicos que fueron empleados en el desarrollo e implementación del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, que a través de esta intrincada prestidigitación jurídica ha terminado en manos privadas? Parte de los trucos que aparentemente fueron puestos en práctica para confeccionar el disfraz de la legalidad a semejante entuerto, consistió en que los equipos definidos por la norma como “los adecuados”, corresponden a las especificaciones de los radios “Sarmex”, que es la marca comercial de la empresa beneficiaria.

Este candado legal destruye la pretensión de que la ley privilegie la neutralidad tecnológica, como un principio que garantiza, justamente, la no dependencia de marcas o empresas que sometan el bien común a la sensible mira telescópica de un monopolio disfrazado de “alto cumplimiento de estándares técnicos”.

El asunto demanda una revisión puntual y una versión honesta de las autoridades. Con el nivel de sensibilidad que los temas relacionados a los sismos manifiestan, es concluyente que la sociedad espera explicaciones nítidas y concretas. Dilaciones, espesos nubarrones y diatribas tecnológicas, solo apuntalarán la sensación de que, como en algunos de los lamentables derrumbes, hay gatos encerrados.

Correo: mjalife@jcip.mx

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