Opinión

Subasta electoral

 
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Partidos

Dado el reclamo social para destinar el presupuesto de los partidos a los damnificados por los desastres naturales, se ha desatado una subasta de los presidentes partidistas para ver quién da más y queda mejor. Claro que la tragedia ha despertado en todos la solidaridad propia de los sucesos, pero no puedo dejar de lado el cálculo político de los generosos ofertantes del dinero público.

Resulta benéfico, desde luego, restar dinero de campañas, promocionales, acarreos, mítines y demás chuladas de nuestra subcultura de pre, durante y postcampaña, para destinarlo a los que menos tienen y más necesitan; pero ni el oneroso expendio ni la extrema necesidad son temas nuevos. La cuestión salió a la luz pública como gota que derramó el vaso por el hartazgo ciudadano y la oportunidad política. ¿Por qué no hablaban de ello antes de los desastres? ¿Por qué no alentaron las reformas necesarias para hacerlo? ¿Por qué actúan fuera de los procedimientos legales para tales fines?

Primero López Obrador anunció que lo haría y varios lo criticaron; Joaquín López-Dóriga, por ejemplo, a sabiendas de que no podría llevarlo a cabo por la sencilla razón de que el dinero público está etiquetado: en la Constitución se establece cómo y en qué debe gastarse.

Salieron también Anaya y Ochoa. El priista gestionó con sus correligionarios y 'renunciaron', como ellos dicen, al resto del presupuesto de su partido para 2017 (258 millones); visto lo cual, Anaya sumó exigencias de austeridad a programas y funcionarios, y ofreció renunciar a la pauta (espacios públicos en radio y TV) para “traducirla en ayuda a esta tragedia” (tampoco explicó de qué serviría eso); AMLO, sin decir cómo, ofreció destinar 50 por ciento del gasto de campaña de Morena para los damnificados; Dante Delgado, tras las pujas, ofreció el 100 por ciento. Salieron después Barrales, Anaya y el mismo Delgado anunciando una iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos y proponiendo también que se eliminen seguros de gastos médicos de funcionarios, así como gastos en telefonía celular, viáticos y gasolinas. Es decir, lo que han usado y disfrutado como dirigentes partidistas durante años.

Por su parte, Lorenzo Córdova grabó un video, no emitió un boletín ni dio rueda de prensa con sus pares, sino que, en solitario, comentó que se había reunido con los dirigentes partidistas y les ofreció una salida jurídica para destinar parte del presupuesto a los damnificados.

Nada oficial hasta el momento. Sólo paradas de cuello y anuncios de caravanas con el sombrero del pueblo. Vale la pena decir que cualquier acción del INE es susceptible de ser impugnada ante el Tribunal Electoral para que se revise su constitucionalidad, y que la fórmula para asignar recursos a los partidos está en la Constitución, no es algo discrecional. El gasto partidista, para lo que se destina, también está regulado en la Constitución y las leyes, no es propiedad de los partidos y menos de sus dirigentes; cuando no se gasta hay procesos legales para reintegrar ese dinero a las arcas de la Tesorería y otras normas para volver a presupuestar y destinar el gasto. Todos los actores mencionados lo saben. Saben también los dirigentes del nuevo Frente que las iniciativas para modificar las reglas del juego electoral sólo pueden presentarse 90 días antes de que comience el proceso, y este ya comenzó; es decir, su propuesta no sirve en lo inmediato.

Sin embargo, la iniciativa puede ser benéfica para procesos electorales venideros, aunque también habrá que definir qué tipo de democracia queremos, pues la regulación y predominio de financiamiento público ha estado en el diseño partidista mexicano por mucho tiempo y múltiples razones; dejar todo al medio privado tiene riesgos y contras. En todo caso no es algo que deba modificarse al chas chas.

Hubo una propuesta de varios senadores del PAN que, como ellos anunciaron, es jurídica y políticamente viable a través de un Decreto de Emergencia, que podrían aprobar ambas cámaras sin violar tanta normativa prevista, amarrada y apretada durante años. Claro, no hace eco del “quién da más”, no personaliza como los anuncios individualistas, ni adorna tanto, pero resuelve.

Difícilmente alguien puede preferir que varios miles de millones se vayan en campañas en lugar de ayudar a reconstruir lo dañado; pero tampoco puede acreditarse la vía jurídica con el simplismo de generosas pujas, con dinero ajeno, en una subasta electoral que sigue aumentando el precio de los votos. 

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