Opinión

Spots y Propiedad Intelectual

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El PRD modificará el spot para que siga al aire. (Especial)

La polémica que hace unos días se suscitó en relación a la utilización de la imagen del periodista López Dóriga en un spot del PRD, y que posteriormente derivó por sustitución al también cuestionable empleo de logotipos de Telmex y Televisa, es sólo un atisbo de lo que anticipa ser una intensa batalla por ganar atención y simpatía de los “voto-espectadores”; en este contexto, el empleo de marcas, derechos autorales e imagen de las personas deberá ser vigilada y sancionada por alguna de las autoridades que tome la estafeta de tan difícil encargo.

No hay que olvidar que frases como “mover a México”, o logotipos de empresas, o videos o imágenes de personas, independientemente de su función social, se encuentran protegidos por las leyes de propiedad intelectual a favor de sus titulares, y reservados en exclusiva para emplearse públicamente, sea con fines comerciales, electorales o promocionales. Ninguna de las leyes aplicables expresamente permite la utilización de estos elementos para fines de contienda política, por lo que los argumentos prohibitivos encuentran pleno soporte normativo.

El punto nos lleva inevitablemente a la discusión siempre abierta, en relación a los fines superiores que la confrontación de principios legales supone, en este caso, al oponer a los derechos de propiedad intelectual constitucionalmente reconocidos como fundamentales, los derechos de libre expresión que alegan los usuarios electorales. El argumento politiza la discusión bajo la semi-falacia de que el ejercicio democrático en una sociedad plural exige la utilización de íconos que representen gráficamente determinadas posiciones, de modo que se pueda trasladar información a la población votante de manera impactante y resumida. Esos “altos fines” de las campañas políticas, bajo esa premisa, pueden pasar por encima de los derechos de propiedad intelectual sin cortapisas.

De entrada el INE, como ya lo ha dejado entrever, argumentará que los temas de propiedad intelectual escapan a su normativa, y por tanto, a su competencia; el IMPI, muy probablemente, no tendrá más opción que analizar y resolver los litigios que le sean planteados, pero su parsimonia en dictar resoluciones y su manifiesto alejamiento de temas electorales, conducirán su intervención al plano de la irrelevancia. Si desean estas instancias estar a la altura de los desafíos, tendrían que desplegar una abierta colaboración para que el INE, atendiendo a un previo dictamen no vinculante del IMPI o INDAUTOR, pudiera sancionar caso por caso las controversias que le sean planteadas. Eso es legal y técnicamente irreprochable.

Lo que de ninguna manera puede olvidarse en esta coyuntura es que la inobservancia de derechos plasmados y reconocidos en las leyes no se puede condicionar bajo consideraciones espontáneas y gratuitas; si la ley lo fija, la autoridad lo cumple, al menos mientras el texto legislativo así lo determine. Ni el INE, ni el IMPI ni INDAUTOR deben desarrollar interpretaciones a modo, que posterguen o ignoren las sanciones previstas para conductas infractoras, porque de eso, ya lo sabemos, estamos cansados en este país.

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