Opinión

Sorprende la planeación

José Antonio Aguilar Bueno.

Presidente del Comité Técnico Nacional de Infraestructura del IMEF.

Correo:jaguilar64@gmail.com

El proyecto del ferrocarril México – Querétaro, obra valuada en 58 mil millones de pesos, fue asignada el 3 de noviembre de 2014 a un consorcio encabezado por la empresa China Railway, junto con cuatro compañías mexicanas y una francesa, siendo los únicos postulantes, pues otras 16 firmas participantes se desistieron previamente alegando falta de tiempo para preparar el proyecto.

En un proceso de licitación lleno de sombras, sorpresas y decisiones encontradas difícilmente se puede lograr el éxito deseado. Esto es una lección que la SCT ya conoce.

Sin embargo, desde la fecha en la que la SCT recibió una sola propuesta de lo que se esperaba sería una contienda muy competida, empezaron a sonar las campanas de alarma. Era claro que el mercado no estaba comprando el argumento de la Secretaría, de que se estaba dando “cumplimiento del ordenamiento vigente establecido”.

Una licitación del tamaño, complejidad y valor como la que el ferrocarril representa, claramente no puede, ni debe estar sujeta a interpretaciones. La licitación se debe realizar siguiendo no solo el ordenamiento vigente establecido, sino el sentido común y la transparencia.

El hecho de que la SCT haya publicado una licitación de estas dimensiones, otorgando a los interesados tan solo 30 días para preparar una propuesta técnica y económica es, por decir lo menos, poco acertado. Sin embargo, lo más desconcertante, no fue la estructura de las bases de licitación, sino la estrategia férrea y sorda que la SCT montó para defender lo indefendible.

Haciendo uso de recursos como declarar que los potenciales licitantes tuvieron amplia oportunidad de evaluar el proyecto previo a la publicación de las bases ya que éstos se entrevistaron en varias ocasiones con funcionaros de la Secretaría, la SCT consideró erróneamente que su postura era a prueba de descarrilamientos.

Sin embargo, justamente un descarrilamiento fue lo que terminó pasando en esta terrible historia, ya que debido a dudas sobre la transparencia en la asignación del contrato, la Presidencia de la República revocó el 6 de noviembre el fallo que asignó a un consorcio de empresas chinas, francesas y mexicanas para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro.

"El señor Presidente cree que este proyecto tan importante para México no sea cuestionado y tenga claridad absoluta. Por eso esperamos en la nueva licitación, que saldrá en unos días o semanas más, tenga más participación de los fabricantes de trenes", dijo el titular de Comunicaciones y Transportes a un noticiero nocturno.

El problema de arrebatarle al consocio ganador el concurso cuando ya se le había otorgado la constancia de ganador es además de político, económico, ya que el consorcio tiene ahora el derecho de solicitar una indemnización por el costo del desarrollo de la oferta, el cual parece ser que asciende a varios millones de pesos.

La decisión tiene varias lecturas. La más inmediata es que finalmente se dio cuenta que la transparencia en el proceso era muy cuestionable y decidió dar una vuelta a la tuerca para liberar presión en su gobierno, el cual sufre el descontento de la gente por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

Sin embargo surge una duda al preguntarnos ¿por qué decidió dar marcha atrás después de que el proyecto ya había sido asignado y no antes? El Ejecutivo tuvo amplio margen para detener el proceso antes de esta asignación y no recurrió a esta solución. No solo eso, el mismo día de la cancelación, el cual se dio por la noche, el titular de la SCT seguía defendiendo el proceso en todo foro público que le diera la oportunidad de hacerlo.

En todo caso, la señal al mercado no es buena por dos razones: a) se privilegió el proceso por sobre la transparencia; y b) se arrebató de las manos una licitación ya otorgada y en la cual se declaró a un ganador sin atender el reclamo social.

La interpretación en algunos medios internacionales ha sido de sorpresa, enojo y fastidio. Por una parte México aspira a ser un país de leyes y en lo que sería una de las principales obras de este gobierno se cayó en el antaño y parece muy arraigado el problema de la falta de transparencia, el mínimo respeto a las reglas y leyes y al centralismo desorbitado sin pesos y balanzas.

En este caso, nadie ganó y México perdió.