Opinión

Soberanía, feudalismo
y tradición

Gerardo René Herrera Huízar

La alternancia partidaria del nuevo siglo mexicano supuso en su momento la renovación, el renacimiento, la transformación positiva hacia un nuevo destino, la esperanza de un futuro mejor, el fin de nuestros añejos males, equilibrio...reforma.

Temprano, si no inmediato, la esperanza celeste se desdibujó. La manifiesta voluntad de cambio se tornó quimera, la promesa engaño, la innovación ocurrencia, la previsión reacción y el progreso estadística. Nada cambió, más allá del membrete, los modos y las formas, con el peculiar estilo de cada monarca, han seguido el mismo derrotero, el mismo comportamiento y la misma tradición.

La alternancia del año 2000, coincidente con el nuevo milenio abrió la puerta a toda clase de expectativas que pronto se desvanecieron, pero dieron paso -debido quizás a la natural curva de aprendizaje- a la feudalización de la estructura política y a la atomización de los mecanismos de control tradicionales del sistema. Al amparo de la reivindicación de la soberanía estatal, los gobiernos locales fortalecieron su poder y su autonomía de gestión, mas no siempre en beneficio colectivo.

El peculiar federalismo mexicano ha tenido por tradición, aún antes de la revolución de 1910 una morfología atada al centro, naturaleza de difícil transformación sin una profunda cirugía constitucional que reforme la organización colectiva desde sus cimientos, con una perspectiva de largo plazo que establezca con claridad las aspiraciones, la visión del país que deseamos y que determine, obviamente, las reglas del juego, las facultades y limitaciones de cada entidad del poder público y, de relevancia vital, las sanciones respectivas.

El actual gobierno de la república ha defendido las reformas constitucionales de reciente aprobación, enfatizando el “carácter dinámico” de nuestra carta magna, pero en la práctica, ese dinamismo legislativo no ha hecho otra cosa, en su constante actualización, que amoldar el texto constitucional a la circunstancia, trastocando el fin rector que debe caracterizar a la máxima norma de la nación.
El adaptar la norma a la decisión política y no la decisión a la norma, niega, en el más simple análisis, su razón de ser, pues de poco sirve este elemento rector si se torna dúctil frente a la motivación o circunstancia del jefe en turno.

El PRI, de retorno en Los Pinos, anuncia, con su vertiginoso espíritu reformador, la vuelta a un futuro ya conocido, de gran carga centralista y expansiva. Su presidente, jurista de reconocida trayectoria política, deja entrever en su discurso la intención de retomar el volante del carro completo con una “sana cercanía”, cosa que, dada la experiencia reciente en algunas entidades federativas que fueron o son regidas por la oposición y las reformas que se vienen sucediendo, se antoja factible.

El ADN del sistema político mexicano no cambia, su tradición genética sigue vigente, la soberanía estatal es relativa y los poderes locales, que durante los últimos sexenios la usufructuaron con mayor autonomía, ceden nuevamente espacios de decisión y atribuciones al centro, por conveniencia, necesidad u obligación. Michoacán es un buen laboratorio.

La maquinaria, bien aceitada, está en marcha, las reformas constituyen la plataforma indispensable para la operación política y la recuperación del control desde el centro. La oposición, desprestigiada, fragmentada, confrontada en lo interno y con débil articulación territorial representa en realidad un frágil obstáculo a la dinámica priista.

Renacimiento o déjà vu, pronto lo sabremos.