Opinión

'Snitching': un mal necesario

    
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Emilio Lozoya. (Nación321)

Snitching. El término anglosajón para referirse a la práctica de entregar a las autoridades información útil para atrapar y lograr la condena delincuentes (“soplar” o “ser soplón” podrían ser las traducciones más cercanas en español). Los delatores típicamente son también criminales que, a cambio de una reducción en su sentencia, ayudan a policías y fiscales a investigar a quienes fueron sus cómplices, sus clientes o sus competidores. El snitching es una práctica tan cotidiana en Estados Unidos que hay a quienes les preocupa que se haya convertido ya en el opio del aparato de justicia (alrededor del 20 por ciento de los convictos por un delito federal recurre a ella). Los detractores del snitching se preguntan ¿para qué molestarse en salir a la calle a investigar delitos si basta con esperar a que un delincuente de poca monta sea capturado, y él mismo señale a algunos de sus contactos de mayor nivel, quienes a su vez tendrán información sobre algún pez gordo?

El snitching ha dado lugar a muchos abusos, y hay incluso una industria de la información incriminadora, donde algunos de los delincuentes en libertad venden a sus pares en prisión información sobre terceros. Los criminales en prisión, posteriormente, usan esta información para negociar reducciones en sus sentencias. Al final del día, un simple mecanismo para comprar, por 20 o 30 mil dólares, algunos años de libertad.

Otra preocupación lógica que se desprende del snitching se refiere a la veracidad de la información. Lógicamente, no cabe esperar que los delincuentes convictos que buscan salvarse sean particularmente escrupulosos con la verdad. Por ahí iban los señalamientos que la semana pasada hiciera el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en relación con los tres ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht que lo acusaron de recibir sobornos por 10 millones de dólares: “estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas”. En este sentido, además de cuestionar a los ejecutivos caídos en desgracia valdría la pena voltear el historial de las autoridades brasileñas que están llevando el caso (en qué medida se tienen precedentes de que dichas autoridades solapen o promuevan la fabricación de testigos).

Las reservas en torno al snitching son comprensibles. Sin embargo, descalificarlo por completo sería algo así como darse un balazo en el pie. La información más relevante sobre algunos delitos graves sólo la conocen, por obvias razones, los delincuentes y sus cómplices. La corrupción de cuello blanco se cuenta entre los delitos que resultaría prácticamente imposible investigar de forma eficaz si no existiera primero una filtración. Lo anterior supone que, en buena medida, la investigación exitosa de grandes casos de corrupción depende de la capacidad de los fiscales responsables para romper la complicidad entre las partes (una enseñanza fundamental de la teoría de juegos que tiene su expresión más simple en el “dilema de prisionero”).

Por ello el snitching, bajo el nombre menos peyorativo de whistleblowing, ha demostrado ser una forma eficaz para combatir la corrupción, incluso en el mundo en desarrollo. Aunque las reglas varían de país en país, el whistleblowing generalmente contempla inmunidad para aquellos funcionarios que denuncien o divulguen información de interés público, incluyendo prácticas de corrupción, incluso si la información es reservada. De esta forma es posible romper la lealtad en los círculos inmediatos de los altos funcionarios.

En relación con el caso Lozoya, no se pueden todavía adelantar conclusiones. No se puede descartar que todo sea un invento de los ejecutivos de Odebrecht (a los cuales tal vez se les hizo fácil apuntar a un gobierno impopular, para recibir un poco de benevolencia de sus jueces). Sin embargo, la historia que revelaron Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción resulta plausible. No se trata de acusaciones ambiguas; se mencionan montos, fechas y el nombre de las empresas en las Islas Vírgenes Británicas, donde se hicieron los depósitos. Los contratos que Pemex concedió a Odebrecht existen, y el soborno de altos funcionarios era el modus operandi de dicha empresa, lo mismo en Brasil, su país de origen, que en Colombia, Argentina o Guatemala.

La Procuraduría General de la República, encabezada por Raúl Cervantes, se juega mucho en la investigación de Emilio Lozoya. Llamarlo a declarar, y hacer de su conocimiento la carpeta de investigación, antes de contar con evidencia suficiente para vincularlo a proceso, fue un primer tropiezo (como señala Ana Laura Magaloni en un texto publicado el sábado pasado, la PGR no ganó nada con esta comparecencia, y sólo dio a Lozoya Austin información útil para obstaculizar la investigación). Sin embargo, las consecuencias de no investigar a profundidad podrían ser desastrosas no sólo para la PGR, sino para el gobierno de Peña Nieto en su conjunto. La opinión pública estará volcada en el caso. Si la investigación es una mera simulación, Odebrecht podría ser un tema que persiga por años a varios funcionarios de la actual administración.

Twitter: @laloguerrero

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