Opinión

Sistema anticorrupción, peor es nada

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ME: Shannon K. O’Neil: Enfrentando la corrupción en México.

Desde siempre y en todas partes, la corrupción ha sido una herramienta esencial para hacer política. Las democracias contemporáneas han buscado, con distinto grado de éxito, desincentivar su uso. En México no hemos avanzado mucho en esta búsqueda. La corrupción, más allá de los escándalos, sigue siendo la norma para el ejercicio de una parte importante del presupuesto y, en general, para el ejercicio del poder.

En el Congreso se configura actualmente lo que algunos líderes de opinión consideran el primer esfuerzo serio para combatir la corrupción en México. Coincido en que la iniciativa es un avance, incluso un avance importante. Pero soy escéptico respecto a sus alcances. La reforma se queda corta ahí donde de verdad se podría hacer una diferencia. Hay una serie de detalles técnicos que se podrían mejorar, pero la principal deficiencia de la iniciativa es que no contempla mecanismos institucionales que propicien el surgimiento de liderazgos que busquen abatir la corrupción de los poderosos. Sin tales figuras, parece muy difícil que se pueda hacer mella a los enormes intereses que actualmente promueven y solapan la corrupción. Aunque la reforma prevé la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por varias instituciones, en ninguna parte se ve cómo podrían generarse tales liderazgos.

En primer lugar se mantiene a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Podemos olvidarnos de una Comisión Nacional Anticorrupción con autonomía constitucional, que hubiera sido la clave para que los enormes recursos que actualmente recibe la SFP se enfocaran en combatir en serio la corrupción. Después de algo de pataleo, el PRI accedió a que su titular sea propuesto por el presidente y ratificado por el Senado. Sin embargo, el Ejecutivo mantendrá la facultad para removerlo libremente, por lo que muy difícilmente podrá actuar de forma independiente (el Procurador General de la República se encuentra en la misma situación, y nadie cree que actúe con independencia).

En segundo lugar, se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Esta institución opera sin pena ni gloria desde su creación en el año 2000. Sin embargo, hace apenas algunas semanas comenzó a reivindicarse con la publicación de un duro informe en el que se documentan, entre otras irregularidades, la compra de paliacates por varios millones de pesos a una empresa que al parecer no existe. Desafortunadamente, la Auditoría Superior se enfoca en la revisión de la cuenta pública; incluso con sus nuevas facultades le será difícil documentar actos de corrupción menos burdos (aquellos que generalmente se investigan a partir de una denuncia, y que seguirán en el ámbito de la SFP). También se amplían las facultades de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, pero se mantiene su subordinación a la PGR y al Poder Ejecutivo.

Finalmente, la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa autónomo, y con facultades para sancionar, es sin duda una fortaleza de la iniciativa. Probablemente sea ahí donde observemos un mayor dinamismo. Sin embargo, a los tribunales sólo les corresponde juzgar, y con el esquema planteado resultará difícil que se desarrollen investigaciones a profundidad y se inicien juicios en torno a los casos más graves.

En resumen, la reforma es un buen paso, pero todavía deja mucho camino por andar. Para entender la tibieza de la iniciativa anticorrupción es útil retomar una declaración de Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y uno de sus principales impulsores: “no hay borrón y cuenta nueva; quien haya cometido una falta administrativa o un delito en el pasado será juzgado con el SNA”. Algunos grupos dentro de la clase gobernante podrían reconocer la importancia de impulsar un cambio a fondo. Sin embargo, sospecho que ninguno de estos grupos tiene las manos limpias (ésta es, desafortunadamente, la implicación de que la corrupción sea una herramienta indispensable para hacer política). De ser así, tenemos una disyuntiva difícil: o renunciamos a la investigación de abusos pasados, o le cerramos la puerta a un cambio de fondo en el combate a la corrupción y, por ende, en la forma de hacer política.

El problema es que tarde o temprano los mexicanos nos vamos a hartar y vamos a buscar líderes que combatan en serio la corrupción. Si no los encontramos en el SNA, los buscaremos en otra parte. Ya los tenemos en algunos medios. Sin embargo, los medios investigan y juzgan según criterios propios, y no imparten justicia. El siguiente paso lógico será buscar líderes políticos fuera del establishment. No hay que olvidar que en sus buenos tiempos una fortaleza de López Obrador es que parecía –al menos en lo referente a su patrimonio personal– un político honrado.

En otros temas… La madrugada del pasado viernes fue detenido en Morelia, Servando Gómez Martínez, La Tuta, el líder que operó por años una red de extorsión que cobraba cuota a prácticamente todos los sectores económicos en Michoacán. Desde hace meses La Tuta había perdido su enorme poder y vivía precariamente. Sin embargo, su captura es importante, no sólo por su sentido simbólico, sino por lo que pueda revelar respecto a la participación de la clase política y empresarial michoacana en actividades criminales.

Twitter: @laloguerrero

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