Opinión

Sin seguridad

 
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 [Cuartoscuro] Ya hay un detenido; se llama Jonathan Lozano. Se busca a otras 2 personas por el doble homicidio. 

El tema de la inseguridad en el país es recurrente y se ha convertido desde hace décadas en una lucha de cifras oficiales y extraoficiales, en donde unos resaltan la disminución de algunos delitos, mientras otros denuncian el incremento de otros y exigen el deslinde de responsabilidades entre autoridades federales y estatales.

Es cierto, el gobierno federal es el máximo responsable de garantizar a la población un mínimo de certeza sobre la posibilidad de vivir una vida cotidiana en paz, protegiendo su integridad personal y la de los suyos, así como sus propiedades a niveles aceptables y con la expectativa de mejorar paulatinamente.

Sin embargo, es necesario entender que la descomposición de los sistemas de seguridad en el país está estrechamente relacionada con el debilitamiento de la relación entre el Ejecutivo federal y los gobernadores estatales. La desaparición del presidencialismo absoluto y la conformación de 32 virreyes autónomos terminó por fracturar lo que una vez fue un sistema unitario de control de los aparatos de seguridad del Estado a nivel nacional. Los escándalos de corrupción que hoy reproducen una y otra vez la voracidad e irresponsabilidad de los mandatarios estatales, están fuertemente ligados a la descomposición de las policías locales y a la penetración del crimen organizado en la estructura social y política de estas entidades.

Y es que no sólo se trata de que los recursos asignados desde la Federación hacia los estados para el fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad terminen en las bolsas de los gobernadores y sus familiares y amigos, sino que además el negocio de crimen organizado continúa asociándose con los niveles más altos de la administración pública, en un fenómeno que rebasa la negligencia y la corrupción pura para convertirse en un régimen de terror impuesto desde las cúpulas más altas del poder estatal. La resistencia de muchos gobernadores a invertir permanentemente recursos para combatir a los criminales, obliga al gobierno federal a intervenir con fuerzas propias los distintos estados del país para evitar catástrofes mayores.

Es por eso que frente a lo que hoy vemos en Veracruz, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, la idea de presionar a los gobernadores vía presupuestos para obligarlos a tener policías estatales preparadas y eficientes, tendría que ir siendo sustituida por la creación de una policía nacional en el marco de una redefinición del federalismo y del reparto de responsabilidades fiscales entre el gobierno central y los estados. Por supuesto que el tema de la seguridad pasa por la reconstrucción de tejido social en aquellos espacios donde el crimen organizado ha cooptado a sectores importantes de la sociedad.

Sin embargo, seguir confiando en la buena voluntad de uno u otro gobernador para llevar a cabo esta difícil tarea y que simultáneamente inviertan en cuerpos policiacos efectivos, es en el mejor de los casos una acción inocente. Es momento de establecer un nuevo esquema fiscal que obligue a mandatarios estatales a responsabilizarse por el cobro de impuestos, y a transparentar gastos más allá de lo que la nueva legislación obliga. Reducir el poder de estos virreyes, tendría que estar estrechamente vinculado con el condicionamiento de recursos para seguridad en función de resultados claros en lo inmediato, y en la expansión de esa policía nacional vital para la seguridad del país.

No habrá un desarrollo integral con los índices de inseguridad hoy existentes. El abatimiento de estos números es condición indispensable para salir del nivel de atraso, más allá de otros factores económicos y de sustentabilidad jurídica. Hasta ahora hemos podido hacer coexistir crecimiento con falta de seguridad, pero si queremos dar el gran salto al desarrollo, habrá que superar esta asignatura pendiente.

Twitter:@ezshabot

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