Opinión

Sin rastro

El terremoto social que sacude al país, con epicentro en Iguala, Guerrero, y sus réplicas a nivel internacional son un serio desafío a la legitimidad estatal que pone a prueba la capacidad de respuesta institucional a las demandas ciudadanas más elementales como son seguridad y justicia.

A 37 días de los trágicos eventos en el municipio guerrerense, las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, parecen haber sido infructuosas para la localización de los estudiantes desaparecidos. Los escenarios a los que se enfrenta el gobierno son, en principio, sólo dos: el primero, el deseable, la aparición de los jóvenes con vida; el segundo, que nadie espera, pero que de alguna manera ha venido anticipándose por declaraciones de diversos actores, es que los estudiantes hayan sido victimados por sus captores.

En el primer caso, lo procedente sería el juicio y castigo correspondiente a los culpables, sin miramientos y en la posición y en el nivel en que se ubiquen. Pero en el segundo escenario, las consecuencias pueden ser desastrosas y el nivel de indignación incontenible.

Como lo ha señalado el Doctor Narro, rector de la UNAM, “Después de lo que hemos visto y lo que aún no sabemos, tiene que dejarnos una profunda huella de inconformidad e indignación por los asesinatos, desapariciones, lesionados y afectación de derechos cometidos desde las estructuras que deberían tener como responsabilidad ofrecer garantías de seguridad a la población”.

El tiempo transcurrido desde el 26 de septiembre y los magros resultados sólo acrecientan la incertidumbre, la desconfianza y la exigencia social, colocando a la autoridad responsable en una peligrosa disyuntiva para el manejo del caso, que abre la posibilidad de un tercer escenario: que nunca sepamos el paradero de los jóvenes desaparecidos y se deje a Cronos la solución del asunto confiando en la desnutrida memoria histórica de nuestra sociedad.

Las declaraciones del Rector de la Máxima Casa de Estudios de nuestro país resultan premonitorias, después de lo acontecido en Iguala, en México “nada podrá ser igual”. Cualquiera que sea el desenlace de las investigaciones, el caso de los normalistas de Ayotzinapa obliga a la Nación a repensarse, a replantear su morfología y su deteriorada interacción, a redefinir su destino como estado, a recuperar la legalidad y la ética pública como principios fundamentales de convivencia social armónica y legitimidad institucional.

La corrupción, la ineficacia, la connivencia criminal, la impunidad y el lucro ilegal no pueden seguir siendo el fatal paradigma del desempeño de actores que buscan en el servicio público la riqueza material y el beneficio personal a cualquier costo.

La historia enseña que la adversidad y la crisis pueden ser motores de transformación y de evolución positiva, de progreso y refundación si se aprovechan las experiencias y las circunstancias con voluntad y determinación hacia fines colectivos superiores.

La administración actual tiene hoy, como las han tenido en su momento y las han desaprovechado otras administraciones, una gran oportunidad de cambio tanto político como social, que supere el cálculo coyuntural, reoriente a la nación hacia la paz, la estabilidad y el progreso reales y recupere la confianza social en sus instituciones.