Opinión

Sin Michoacán no hay futuro


 
Si el Estado mexicano no resuelve pronto el creciente problema de violencia en Michoacán, donde ya hay una guerra abierta entre Los Caballeros Templarios y grupos “civiles” que desafían al Estado diariamente sin respuesta de éste, el reformismo mexicano -muy exitoso en 2013 y que tanto pregona el gobierno y el Congreso- puede naufragar y ser opacado por un asunto real e inocultable: Michoacán y otras regiones del país enfrentan ya una situación de ingobernabilidad que de no contenerse puede detonar un efecto dominó que lleve a México a un problema de balcanización y violencia regional en pocos años.
 
El si las instituciones del Estado mexicano —no sólo su gobierno federal, sino además los poderes legislativos y judiciales, los órganos autónomos, los partidos políticos y la propia sociedad civil— son incapaces de poner alto al desbordamiento social en Michoacán, será imposible conducir con éxito el proceso reformista que tanto necesita México.
 
Desde la década pasada, Michoacán ha gestado un problema grave de violencia y descomposición social. Durante el sexenio pasado se optó por desplegar al ejército en las calles y reforzar la presencia de la policía federal en la entidad. La estrategia de este gobierno no parece muy distinta y la situación tan solo empeora. En los últimos meses de 2013, por ejemplo, se presentaron atentados a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a gasolineras, así como múltiples enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y los grupos de autodefensa que cada vez controlan un territorio mayor. Hasta enero de 2014, las autodefensas surgidas en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec habían avanzado en 72 comunidades de 22 municipios. Así, un problema que se concentraba en Tierra Caliente, se extiende y agrava cada vez más.
 
Ayer el gobierno federal anunció el Acuerdo del Apoyo Federal para la Seguridad en Michoacán. Se destinarán 250 millones de pesos para reforzar programas de prevención de delito, se creará una Unidad Antisecuestro certificada, capacitada y equipada por el gobierno federal y un Instituto Estatal para la Formación de Policías e Investigadores. Se dijo que esas medidas no interrumpen la labor del ejército, la armada o la policía federal y tampoco reduce el número de efectivos en el estado.
 
 
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En los últimos años la imagen de México en el mundo (la marca país) ha caído a sus niveles más bajos en muchas décadas. Aunque los inversionistas —esos que se requieren para que la reforma energética o la de telecomunicaciones sean exitosas— son más cautos frente a las imágenes de decapitaciones que pululan en las redes sociales, lo cierto es que esa imagen de violencia imbatible sí es un obstáculo para generar el “momento mexicano”. No hay forma de vender al mundo una reforma energética, por ejemplo, si los mismos periódicos del mundo que deben promover el Mexican Moment sacan fotos de autobuses urbanos en llamas cual si fuéramos país en guerra civil como Siria o Afganistán.
 
 
Imaginemos que la violencia regional se acrecenta. ¿Cómo garantizar a los nuevos inversionistas que estos grupos, tanto del crimen organizado como los presuntos guardias comunitarios, no sean capaces de atacar instalaciones estratégicas de Pemex para ganar notoriedad o simplemente sembrar confusión o terror? ¿Cómo evitar que grupos radicales e ideologizados vean en esta guerra en Michoacán una oportunidad para ir más allá y sembrar acciones terroristas como parte de una guerra donde cada vez se confunden más las motivaciones y los actores, donde ya no se sabe quiénes son los buenos y los malos? ¿Cómo prevenir que los opositores radicales a la reforma energética vean en la violencia un instrumento para cancelar en los hechos las inversiones foráneas que tanto se necesitan?
 
El Estado mexicano debe actuar con la mayor eficacia. La estrategia que se anunció ayer no parece un cambio de paradigma, sino matices al mismo modelo: presencia policial y del ejército, entrenamiento de las policías, programas de prevención. ¿Tendrán los efectos para descarrilar las prácticas de guerra civil?
 
Actuar es costoso, pero no hacerlo más. Tomar medidas de fondo implica distraer la atención de las reformas del Pacto por México y el riesgo de volver a narcotizar la agenda de comunicación. Pero no hacerlo es condenar a algunas regiones del país a una guerra latente y de baja intensidad que puede opacar todo el proceso de modernización en marcha. Si Michoacán se pierde, se perderá también la oportunidad de reformar a México.