Opinión

Sin límite

   
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Javier Duarte

El 5 de junio pasado, el PRI sufrió su peor derrota electoral en el ámbito estatal. No es comparable con la pérdida del control de la Cámara de Diputados en 1997 o la presidencia en 2000, que implicaron un cambio de régimen en México, pero fuera de eso, es el evento electoral más importante en tiempos recientes.

La causa de la derrota no puede determinarse de forma contundente, pero todo indica que se trató de una reacción al mal gobierno local. Salvo Durango y Aguascalientes, donde PRI y PAN compiten de forma cercana y ambos candidatos panistas repetían, en los demás no dudo que la causa haya sido la incompetencia y el abuso. En Tamaulipas, la ausencia del gobernador en un estado fallido parece ser la razón. En los otros tres, Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, es el abuso.

En los últimos seis años, las entidades que más se endeudaron fueron precisamente esas tres, más el DF y Nuevo León. Coahuila, como sabemos, tuvo un endeudamiento impresionante al cierre del gobierno de Humberto Moreira, pero desde entonces prácticamente no se ha movido. Las demás lo han hecho de forma impresionante. Chihuahua se endeudó casi 30 mil millones de pesos en el gobierno de Duarte; Veracruz en 25 mil millones, con el otro Duarte, y Quintana Roo en 12,500 millones de pesos. Nuevo León también cambió de gobierno en 2015, por la misma razón, y el DF no lo ha hecho porque no ha habido elecciones de Jefe de Gobierno, pero en las legislativas, el PRD ha caído a segunda fuerza.

Los abusos de los gobernadores, en algunos casos sumados a su incompetencia, se han vuelto insoportables para los mexicanos, y qué bueno que así sea. Sin embargo, eso no parece entenderse en la clase política. En el periodo de transición a la nueva administración, los tres gobernadores mencionados han impulsado medidas que ponen en serio riesgo el funcionamiento de quienes llegan, mientras que ellos se colocan fuera del brazo de la ley. En Chihuahua, Duarte decide “bursatilizar” ingresos, que seguramente desaparecerán en los próximos meses, y dejará al gobierno de Javier Corral no sólo endeudado, sino con todos los ingresos relevantes comprometidos. En la miseria pues.

En Veracruz, el otro Duarte no sólo busca librarse de las seguras investigaciones en su contra, inventando una fiscalía tipo Virgilio, sino que está donando edificios del gobierno para dejar a la administración de Yunes incapacitada para gobernar. En Quintana Roo, a esas mismas acciones se suma la asignación de escoltas a Borge y su familia por quince años, en México o en el extranjero, a cargo del gobierno del estado.

Puesto que todas esas medidas son aprobadas por el Congreso local, son legales. Todas ellas son abusos, perfectamente lógicos en personas que demostraron por seis años su talante ético. El problema importante es que el sistema político no puede aceptar ese tipo de acciones, so pena de poner en riesgo la estabilidad del país. Gobernadores que deciden vengarse de la población, que los ha castigado por abusivos, lo único que pueden heredarnos es un profundo resentimiento a las autoridades. La pérdida de legitimidad que eso implica sería inaceptable en cualquier caso, pero ahora que el gobierno federal tiene sus propios problemas en este rubro, y en un entorno internacional que va en la misma dirección, estas acciones son especialmente peligrosas.

No es sólo la falta de madre de estos gobernadores (disculpe que no encontré un sinónimo), sino el riesgo en que ponen al Estado Mexicano. O actúan la Corte y el Senado, o vamos a estar en serios problemas.


Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey



Twitter: @macariomx

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