Opinión

Sin el beneficio de la duda

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DEA Chapo

Hoy es fácil maquinar conspiraciones. La más creativa de todas es la que dice que, ignorando los avisos de las agencias norteamericanas, el propio gobierno dejó salir a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, para aplacar al Cártel Jalisco Nueva Generación (que ya lleva un rato saliéndose del huacal). El riesgo de escape existía, y muchos lo invocaron en su momento. Desde agentes de la DEA hasta el periodista León Krauze. Sin embargo, lo más probable es que la madrugada del pasado 12 de julio la fuga tomara a todos, salvo a la propia gente de El Chapo y a un número limitado de funcionarios del Sistema Federal de Readaptación Social, por sorpresa. El costo político ha sido demasiado grande para el presidente y varios de sus principales colaboradores. La fuga ha sido descrita como el “Waterloo mediático” en el que el Estado mexicano terminó de perder la guerra contra el narco. En este contexto, es difícil imaginar qué beneficio pudiera haber motivado al gobierno solapar el escape de El Chapo.

Parte del costo que las instituciones mexicanas pagarán por la fuga de El Chapo será en la relación, ya de por sí difícil, con las agencias norteamericanas de seguridad. El gobierno de Peña Nieto inició con una cierta reafirmación de la autonomía en materia de seguridad respecto al país vecino. La percepción era que en los tiempos de Calderón se dejó que los norteamericanos intervinieran de forma excesiva, y que tuvieran acceso a demasiados canales dentro de las instituciones mexicanas para operar su estrategia de combate al crimen organizado en territorio nacional. La existencia de varios canales directos permitía a los norteamericanos entregar, de forma selectiva, información a las distintas dependencias mexicanas. Con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la consolidación de la Secretaría de Gobernación como “cabeza” del sector seguridad también se buscó limitar dichos canales a uno solo, y acotar la capacidad de los norteamericanos para imponer su agenda. Hasta ahora, el gobierno mexicano había logrado, al menos en alguna medida, mantener la cooperación bilateral dentro de este nuevo esquema.

Sin embargo, es incierto que la relación con nuestros vecinos pueda mantenerse en los mismos términos después de la pifia en el penal de El Altiplano. Al interior del aparato norteamericano de seguridad, quienes han sido partidarios de asumir una posición de colaboración y apertura con las autoridades mexicanas también sufrieron un duro golpe en términos de credibilidad. En este tenor, Roberta Jacobson –nominada por la Casa Blanca para sustituir a Anthony Wayne como titular de la embajada de Estados Unidos en México– señaló que su gobierno está “frustrado y decepcionado” por la fuga de Guzmán Loera.

Los gobiernos de los dos países han manifestado confianza, que yo no comparto, en que Guzmán Loera será recapturado en los próximos meses (los riesgos que el propio Chapo esté dispuesto a tomar son el principal factor que podría propiciar una eventual captura, por lo que tiene todos los incentivos para mantener un bajo perfil). En cualquier caso, si la captura llega a concretarse, surgirá el dilema sobre si Guzmán Loera debe o no ser extraditado de forma inmediata.

Hay quienes han señalado que no extraditarlo desde el año pasado fue un error de cálculo, y una muestra de arrogancia, pues nuestras instituciones no cuentan con capacidad para resguardarlo. Ciertamente México está en pañales en términos de inteligencia en contra del crimen organizado. El programa de testigos protegidos que opera la PGR ha sido un fracaso rotundo. Sin embargo, hay un trecho entre este fracaso (y los muchos otros que adornan la historia reciente de las instituciones del sector seguridad) y no contar con la capacidad para resguardar a un solo criminal. Las instituciones mexicanas tienen recursos de sobra para operar un penal de máxima seguridad. La fuga fue producto de la corrupción y la negligencia de los responsables de operar esas instituciones; no de deficiencias estructurales.

En mi opinión, México no debió extraditar de forma inmediata al Chapo, y no debe hacerlo en un escenario de recaptura. Más que nunca a nuestras instituciones les urge recuperar credibilidad. La única forma de empezar a hacerlo es conducir una investigación verosímil para sancionar a los responsables por la fuga, tomar medidas para golpear la capacidad operativa del Cártel del Pacífico y, en caso de recaptura, hacer que El Chapo cumpla su sentencia en prisión y, preferiblemente, lograr que aporte información útil para nuestra política de combate al crimen organizado. Por supuesto, la voluntad del gobierno mexicano ya no será el único factor. Las autoridades mexicanas ya no merecerán el beneficio de la duda. Si el Chapo vuelve a caer, sobre todo si la inteligencia que aporte la DEA desempeña un papel decisivo para su captura, arreciarán las presiones para mandarlo de forma inmediata a Estados Unidos.

Twitter: @laloguerrero

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