Opinión

Sin aplausos

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Normalistas. (Alejandro Meléndez9

Pese al tradicional boato con que se revisten los actos oficiales en afán de darles relevancia y trascendencia, la expectativa generada rebasa comúnmente la calidad de los contenidos que se ofrecen para tratar de satisfacer la exigencia de un público cada día más ávido de explicaciones, ante la sucesión de eventos trágicos o escandalosos que vienen caracterizando la dinámica nacional.

Desde los acontecimientos de Tlatlaya, seguidos por los de Iguala, hasta las dudas surgidas sobre las licitaciones del tren de gran velocidad de Querétaro, el asunto de la 'Línea Dorada' del Metro o las propiedades de altos funcionarios públicos, las respuestas siguen sin satisfacer cabalmente las demandas de la sociedad, que se torna cada vez más escéptica y renuente ante la falta de claridad y contundencia de los argumentos.

Un elemento fundamental de la gobernanza es la credibilidad social en sus autoridades de cualquier signo y color, que redunda en la legitimación de las decisiones por ellas adoptadas, cuyos efectos, invariablemente, impactarán positiva o negativamente en la sociedad actual y futura. La legitimidad se consolida, naturalmente, mediante resultados positivos, explícitos y evidentes.

Cierto es que un desempeño gubernamental acertado y eficiente se favorece con el acompañamiento de una eficaz estrategia de comunicación, pero ésta, por más robusta y costosa, difícilmente puede lograr el impacto deseado en el ánimo popular si no se corresponde, al menos en un nivel razonable, con la realidad de las personas y con su expectativa de seguridad, bienestar y progreso.

La evidente incertidumbre que genera en la población el difuso panorama nacional se traduce de manera natural y comprensible en desconfianza e irritación, sentimientos catalizados por sucesos cotidianos que ponen de relieve la disfuncionalidad de nuestro sistema político y social para lograr una convivencia más armónica que ofrezca relativa certeza sobre, al menos, el futuro inmediato.

El contexto electoral y los complicados temas de la agenda aún no resueltos generan un ambiente propicio para la propuesta constructiva que ofrezca soluciones de fondo, pero también abre la puerta al tradicional pugilismo que, como es costumbre, se hará presente y ocupará un espacio destacado en la contienda, con uso intensivo y costoso de la comunicación mediática, explotando los defectos del oponente, más que la oferta creíble y sensata, cosa que ya se aprecia en los espacios concedidos a los diversos institutos políticos.

Un factor importante que se viene erigiendo venturosamente en centro del debate es el relativo a la corrupción, impulsado particularmente desde círculos de la sociedad civil, que obliga a ubicar el tema en su real dimensión, no como un elemento cultural tangencial a los problemas que afrontamos como nación, sino como una seria amenaza a la seguridad, la estabilidad económica y la viabilidad social y política.

El asumir con seriedad y compromiso la necesidad de construir y aplicar mecanismos institucionales sólidos y eficaces para neutralizar el ostensible incremento de la corrupción y de la impunidad es tarea que demanda fundamentalmente una acción social decidida y continuada y desde luego de la voluntad de quienes formalmente toman las decisiones que, por otra parte, obviamente serán destinatarios primigenios de cualquier medida que se implemente en la materia.

Confiamos que, más allá del famélico discurso, indudablemente podremos encontrar en la sociedad y hasta en la clase política, actores que se sumen a los esfuerzos para lograr tal propósito, con ideas firmes y propuestas sólidas que respondan, de manera creíble, a la demanda ciudadana.

Ciertamente, ello arrancará un nutrido y merecido aplauso.

El autor es catedrático de la Universidad Anáhuac.

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