Opinión

Sigue avanzando la iniciativa de Ley de Indicaciones Geográficas

Entre críticas y cierta indiferencia sigue avanzando el proyecto de Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, promovido por el diputado priista Abel Salgado; de momento, todos los jugadores involucrados en el sector, esto es, los Consejos Reguladores de las diversas denominaciones de origen mexicanas, y las autoridades competentes –IMPI y SAGARPA-, han ratificado la necesidad, o hasta urgencia, de contar con una ley que dé soporte y alcance a estas importantes figuras en el país.

Ha quedado claro, en primera instancia, que la sola legislación de protección a denominaciones de origen, incrustada en la Ley de la Propiedad Industrial, no alcanza para cumplir con el objetivo de impulsar cadenas productivas a partir de la tutela jurídica. De las 14 denominaciones de origen protegidas, si acaso cuatro –Tequila, Mezcal, Chile Habanero de Yucatán y Café de Veracruz-, cuentan con la infraestructura normativa y regulatoria completa; las demás, más por angas que por mangas, siguen pasando el sombrero en la búsqueda de los necesarios recursos para darles impulso y visibilidad.

Por lo que hace a las llamadas “Indicaciones Geográficas”, figura hasta hoy inexistente en nuestro sistema, no se aprecian aún por parte de los Gobiernos estatales los notables beneficios que aportarán, al dotar de viabilidad a múltiples expresiones gastronómicas y artesanales que por esta vía asumirían exclusividad para los pueblos y comunidades que les han dado vida y tradición. De otra manera, los Gobiernos de los estados estarían formados en el Congreso apoyando esta iniciativa de manera decidida.

La gran sombra que se cierne sobre el proyecto, sin embargo, es lo que el Gobierno federal esté imaginando hacer con la eventual firma del influyente TPP, que en esta materia parece contener disposiciones altamente intrusivas. De acuerdo al último texto medianamente compartido por la Secretaría de Economía, México se estaría obligando a implementar un mecanismo de “registro” de indicaciones geográficas, muy distinto a lo que esta iniciativa pretende establecer para la protección de indicaciones extranjeras. Mientras que TPP, de un plumazo, obliga al reconocimiento de una serie de “Indicaciones” reconocidas en Europa y Asia, con la consiguiente obligación de suspender la venta de ciertos productos muy conocidos en nuestro medio –particularmente ciertos quesos-, el proyecto plantea un reconocimiento gradual, sólo en la medida en la que cada designación geográfica solicite y acredite los extremos legales y reglamentarios para su protección.

Estas dos tendencias parecen marcar derroteros diferenciados en intensidad y dirección, que en caso de no ser conciliados en el proceso, en algún punto entrarán en colisión. Es una paradoja, después de muchos años de inactividad y rezago, hoy dos diversas fuerzas del mercado, en la forma de ley y tratado, luchan por imponer su criterio sobre la forma de regular esta materia.

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