Opinión

Sí, se tiene que ir

Desde luego que la renuncia de Ángel Aguirre a la gubernatura de Guerrero no solucionaría el problema, porque lo único que no tiene solución es la muerte.

Pero si se trata de investigar, de llegar a la verdad y distender la situación política en ese estado, la presencia de Aguirre al frente del Ejecutivo estatal es un estorbo.

O planteado de otra manera: ¿sirve para algo que Aguirre Rivero permanezca en el cargo?

La respuesta es no. Se está desangrando políticamente y eso no es útil para ninguna iniciativa que tenga que ver con la justicia y la tranquilidad social en Guerrero.

Hay 43 estudiantes normalistas desaparecidos, fosas con cadáveres, y declaraciones de participantes en el secuestro y asesinato de que los cuerpos encontrados corresponden a los normalistas secuestrados.

Hay que hacer justicia, y cada día que pasa Aguirre Rivero al frente del gobierno estatal aumenta la percepción de impunidad en este caso que estremece al país y a una parte del mundo.

De ninguna manera quiero decir o insinuar que Aguirre mandó a secuestrar y matar a los normalistas de Ayotzinapa, pero hay elementos serios que hacen aconsejable su salida para llegar a la verdad y que ésta sea creíble.

Aguirre no es interlocutor de nadie en estos momentos que se necesitan puentes de comunicación para evitar que la violencia aumente.

Tampoco tiene autoridad moral para investigar nada, dada la cercanía política y personal que tenía con José Luis Abarca, el alcalde prófugo, y que todos los indicios apuntan como el probable asesino intelectual de los normalistas.

Al alcalde de Iguala lo ha protegido el Congreso estatal al darle una cobertura amplísima para escapar y esconderse. Y ese Congreso responde al control y a la línea política del gobernador Aguirre.

La cercanía de Aguirre con José Luis Abarca estaba a la vista de todos los guerrerenses.

En el propio PRD había señalamientos de las ligas del alcalde de Iguala con el narcotráfico. La CNDH entregó recomendaciones al gobierno de Guerrero por desapariciones forzosas ejecutadas por sus policías.

Que Aguirre se quede al frente del gobierno no sólo es un obstáculo para encauzar el problema, sino que es una provocación para las familias de las víctimas y para un amplio sector de la comunidad estatal.
En los actos de protesta por la matanza, se han producido y habrá más actos ilegales: ¿puede el gobernador Aguirre hacer cumplir la ley a los inconformes? Por supuesto que no.

Para que conozcamos la verdad hacen falta respuestas a preguntas tan elementales como es saber dónde están los normalistas secuestrados, dónde está el alcalde prófugo, y en ninguna de ellas Aguirre aporta algo. Al contrario, genera incredulidad.

Y de ahí hay que hilar un poco más fino: ¿por qué los secuestró la Policía de Iguala? ¿Qué interés tenía el narco en meterse con los normalistas? ¿O fue una decisión política ejecutada por el narco? Ninguna de esas preguntas puede ser resuelta por Aguirre.

Existe una cuarta, que implica investigar a los propios normalistas: ¿qué hacían a más de cien kilómetros de su escuela secuestrando camiones en Iguala, si podían haberlo hecho más cerca?

Si Aguirre pudiera ayudar a responder esas interrogantes entonces valdría la pena que se quedara. Pero no es el caso. Se tiene que ir.

Twitter: @PabloHiriart