Opinión

Sí hay delito de exfuncionarios de Pemex

Hasta ahora la versión oficial es que en el caso de Oceanografía no se ha constituido un delito por parte de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. El fraude fue de Oceanografía a Citigroup. Correcto, pero la historia ha cambiado.

Personajes que fueron altos funcionarios de la paraestatal en la administración pasada se encuentran bajo investigación, relacionados directamente con este caso.

Como se recordará, el fraude de Oceanografía fue detonado por la Secretaría de la Función Pública, que encontró que las finanzas de esa empresa a Pemex no se correspondían con el monto de los contratos recibidos.

Esa anomalía fue la que encendió la chispa para que la Función Pública inhabilitara por un año y nueve meses a Oceanografía para obtener contratos con el gobierno federal y las entidades federativas.

Y de ahí al incumplimiento con Citigroup, pues se descubrió que las previsiones de contratos con Pemex llevaban firmas notoriamente falsas, por lo que el banco había estado prestándole dinero a Oceanografía sobre bases falsas, apócrifas.

Pero sí hay responsables en Pemex por este desfalco de Oceanografía. Son los funcionarios que autorizaron fianzas a menor costo con relación al monto de los contratos.

Había, desde luego, una relación irregular entre los socios de Oceanografía y los funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) que les firman contratos para rescatarlos de la quiebra.

Con esas fianzas a menor costo los socios de Oceanografía se ahorraron un par de millones de pesos, pero les significó la ruina para su empresa, la pérdida de ésta, y seguramente la pérdida de su libertad.
Lo que se realiza actualmente por parte del gobierno federal es una investigación patrimonial a los exfuncionarios de PEP que daban las autorizaciones para los contratos a Oceanografía.

La novedad es que ya se tienen avances en las indagatorias y deberán estar concluidas a finales de este año.

Mario Dávila Lizárraga, exsubdirector de la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex, y pieza clave para gestionar contratos millonarios en dólares, en favor de Oceanografía, habría utilizado aviones de esa empresa privada para su uso particular.

Faltan por verificar los cambios en su situación patrimonial, lo que lleva tiempo, pues en el país no hay un sistema computarizado en el Registro Público de la Propiedad, para checar los bienes de una persona en todo el país.

Usar aviones de Oceanografía para fines privados sí es un delito, y es lo que se busca comprobar en el caso de Dávila Lizárraga, donde existen los indicios de que así fue.

Ahí entenderíamos, por lo menos, el trato de subordinado que le daban Amado Yáñez Osuna y Oliver Fernández, socios en Oceanografía, al subdirector de Pemex, Mario Dávila Lizárraga.

Las investigaciones avanzan lento por las dificultades operativas para realizarlas, pero no están estancadas. Esto no va a terminar en “un pleito entre particulares”.

Estelas

El hecho de que Chiapas se haya ubicado en la segunda entidad con menor índice delictivo en el país echa abajo dos mitos: que los jóvenes no saben gobernar (Manuel Velasco es el mandatario estatal más joven del país y puso a Chiapas entre las 10 entidades que más han bajado la delincuencia), y que la pobreza es el principal causante de la criminalidad. La delincuencia crece cuando la desigualdad es excesiva y los gobernadores no saben gobernar.