Opinión

Sí a las cárceles privadas

 
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celda chapo

Circula esta semana un documento titulado “Privatización del Sistema Penitenciario en México”, que fue elaborado conjuntamente por varias organizaciones, como la Univ. Iberoamericana Puebla; México Evalúa; Madres y Hermanas de la Plaza Pasteur; entre otras. En él, las instituciones que lo suscriben critican el modelo de asociación público privada con el que se concesionaron varios centros penitenciarios a particulares; lo llaman privatización, y concluyen que tiene “dinámicas y estrategias poco claras y transparentes” y que su adopción “parece estar más enfocada a satisfacer las necesidades de las empresas que de las personas usuarias”.

El documento es un compendio de datos efectivamente interesantes mezclados con una bola de prejuicios negativos sobre el capital privado.

Sus conclusiones son muy flojas, y aunque el conjunto de datos que recopiló constituye un buen resumen, en realidad tiene muy poco rigor científico. Es un desperdicio de recursos invertido para favorecer una idea fantasmal que regurgita cada sexenio en el ánimo de ciertos grupos de la sociedad mexicana: privatizar es malo.

El documento parte, ex ante, de la idea de que el capital privado es despreciable para involucrarse en los centros penitenciarios, y con ese prejuicio apelmaza datos para tratar de demostrar que la “privatización” es indeseable: “Resulta preocupante que, existiendo recursos económicos suficientes, el Estado no los aplique, pero incluso, la incapacidad presupuestaria no podría ser per se una justificación para delegar responsabilidades fundamentales en el sector privado. Es más grave aún que el propio Estado aliente esquemas de mercado en el sistema penitenciario contando con los recursos suficientes”.

En la parte que está bien graficada se documenta a la población penitenciaria de todo el país; y se da cuenta de la incidencia delictiva y de la percepción de inseguridad en cada entidad federativa. No obstante ello, ninguna metodología se siguió para demostrar científicamente que la calidad de vida de los internos en los centros penitenciarios que operan las APPs es peor que la de las cárceles puramente estatales.

Más bien el documento se hace pelotas hablando de los contratos de construcción de las cárceles, diciendo que no hubo transparencia en la asignación de los contratos y luego criticando sin mucha solidez el proceso que muchas cárceles siguen para obtener el sello de acreditación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA).

Es una pena que en este país se siga dando tanta cabida a argumentaciones supuestamente académicas que parten de ideas obcecadas sobre el valor del capital privado. Dañan mucho. Miles de personas creerán esas erradas ‘conclusiones’.

Twitter:@SOYCarlosMota

Correo:motacarlos100@gmail.com

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