Opinión

Sexo a cambio de plazas
en la CNTE

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Gabino Cue, gobernador de Oaxaca. (Cuartoscuro)

En 1992 el entonces gobernador priista Heladio Ramírez fue quien dotó de poder a la CNTE, cuyo movimiento tuvo en la lona a su correligionario Emilio Chuayffet, titular de la SEP, quien anunció junto con Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, la creación de un nuevo instituto en el que la Federación tomará el control.

Ramírez fue firmante de una minuta para ceder el manejo de plazas en el instituto de educación pública local a la Sección 22 que ahora encabeza Rubén Núñez, un maestro que tiene un salario de 40 mil al mes sin dar clases, “porque lo que hago es política”.

Ayer, la periodista Denise Maerker, enviada a Oaxaca, relataba una serie de conversaciones que sostuvo con profesoras de la entidad.

–Me dicen que deben pasar por varios filtros– narró la periodista.
–¿Cuáles filtros?
–Relaciones sexuales con varios líderes de la CNTE.

El relato de Maerker hizo recordar las formas de Rubén Escamilla, entonces delegado del PRD en Tláhuac, que daba base de trabajo a cambio de sexo oral, pero que en vez de ser sancionado por el entonces presidente del partido Jesús Zambrano, éste lo premió con una diputación.

La cadena del combustible en Puebla. Es el diputado Abel Salgado quien promueve un punto de acuerdo para que a la Permanente acudan a comparecer funcionarios de Puebla por el delito de robo de combustible. Resulta que Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y jefe de grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, están implicados en la ordeña clandestina de ductos en la entidad para luego llenar los tanques de patrullas (cuyas tomas clandestinas pasaron de 691 a mil 127 en el país). Por si fuera poco, antes Juan José Orozco, exjefe de escoltas del gobernador Moreno Valle, sustraía combustible a las patrullas del gobierno y luego lo revendía con sus vecinos, pero en vez de sancionarlo de la administración lo premiaron con mandarlo como escolta de un candidato del PAN.

La impunidad. Una cifra heló a senadores y diputados de la segunda comisión de la Permanente del Congreso: en México apenas hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio internacional es de 17 jueces por cada 100 mil (en países de Europa del Este hay hasta 57). Fueron los especialistas Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara quienes presentaron en el Senado el Índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla. Estuvieron acompañados de Andrea Ambrogi, consejero nacional de Seguridad Pública, uno de los ciudadanos que ha impulsado eliminar las jornadas laborales policiales de 24 horas de trabajo por 24 de descanso. Los tres volvieron a insistir en la necesidad de inhibir la señal de celulares en penales. El reporte coloca a México como uno de los cinco países con los índices más altos de impunidad, seguido por Filipinas y precedido por Colombia. Es el primer estudio en su tipo, pero falta lo mejor: el índice de impunidad por estados en México.

“Vamos a encontrar a los responsables de la situación en el país”, me dice uno de los especialistas.

10 SEGUNDOS… Manuel Velasco
, gobernador de Chiapas, nomás no pone fecha para sentarse con legisladores a tratar el problema de educación en su estado. Tampoco Salvador Jara de Michoacán. El jueves acude Rogelio Ortega de Guerrero.

Twitter: @alexsanchezmx

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