Opinión

SEP-CNTE: pagar errores de 2006


 
La crisis de estabilidad que ha agudizado el activismo magisterial contra la reforma constitucional aprobada por las 2 cámaras y legalizada por la mayoría de congresos estatales está pagando los errores estratégicos de los problemas de la Sección XXII de Oaxaca en 2006 y 2010.
 
Aunque se enarbola la sigla de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), en realidad el problema se reduce a la movilización de la Sección XXII de Oaxaca y la Sección XIV de Guerrero para negociar una agenda paralela de beneficios gremiales oculta detrás de la estridencia contra la inabrogable reforma constitucional para la evaluación de la capacidad profesional de los maestros.
 
La fase actual de la crisis es parte de la factura de la crisis de 2006 en Oaxaca cuando la Sección XXII formó parte central de la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca (APPO) para exigir la destitución del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, pero en una negociación operada por los panistas para debilitar al PRI en el proceso electoral de ese año.
 
Si bien el movimiento de protesta se fortaleció con el intento policiaco fallido de junio para desalojar el plantón magisterial en el Centro Histórico, el fondo real fue otro: la acción de la policía fue una maniobra de distracción porque el objetivo real en junio fue el intento de arresto del líder de la Sección XXII, Enrique Rueda Pacheco, quien se escabulló minutos antes de la llegada de las autoridades.
 
El fracaso de las 2 acciones condujo a la fundación de la APPO a iniciativa del exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Felipe Martínez Soriano, quien había salido en libertad en 1999 de un reclusorio del DF donde estaba preso por ser la cabeza de una fracción de la guerrilla del Procup-EPR que había asesinado a 2 guardias de seguridad de La Jornada. La APPO aglutinó a decenas de organizaciones sociales activistas y antisistémicas que se cobijaron debajo de la Sección XXII, pero los maestros de esta Sección fueron cuidadosos en manejar 2 agendas: la de la resistencia al lado de la APPO y la de sus demandas magisteriales basadas sobre todo en beneficios, concesiones y basificación de profesores para ampliar la base magisterial-sindical.
 
En una negociación secreta con el líder de la XXII Rueda Pacheco quedó clara la dimensión del problema: por el desgaste de tiempo y la ausencia de clases, los maestros tenían que regresar a las aulas; en octubre de 2006, Rueda Pacheco dijo a un enviado de altísimo nivel de la Secretaría de Gobernación que la XXII se retiraría del conflicto -y por ende se terminaría la crisis- a cambio de 170 millones de pesos en efectivo y un camión blindado para llevar los fondos a Oaxaca. No se trataba, por lo demás, de una demanda inusual: cada año la Sección tasaba su retiro del conflicto en mayo mediante la entrega de fondos en cash.
 
Sin embargo, la respuesta federal fue negativa. El conflicto escaló la inestabilidad, obligó a Gobernación a promover un pacto de gobernabilidad que después el gobierno federal y luego el presidente electo Calderón no suscribieron y al final se le concedió a la Sección XXII buena parte de sus demandas para sumar un costo de 35,000 millones de pesos con cargo al erario por basificación y beneficios; en la negociación de 2006 se provocó el fortalecimiento de la Sección XXII como un factor de poder político y social en el estado.
 
Luego vino el segundo error estratégico: el acuerdo político-electoral del candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, el expriista Gabino Cué Monteagudo, con la Sección XXII del SNTE y los liderazgos visibles de la APPO para ganar las elecciones de gobernador en julio de 2010. La parte central del acuerdo fue el compromiso formal de Cué Monteagudo de realizar una reforma educativa en materia de contenido, rectoría popular educativa y beneficios sindicales, a cambio del voto de los maestros oaxaqueños.
 
Al llegar al gobierno estatal, Cué envió un mensaje de doble sentido a los maestros: mantener el compromiso de la reforma educativa a la medida de los maestros, pero no cederles posiciones de poder, por lo que puso como primera secretaria general de gobierno a Irma Piñeyro, quien había sido candidata a gobernadora por el Partido Nueva Alianza y por tanto era una posición de la maestra Elba Esther Gordillo. La XXII respondió con habilidad: negó la interlocución con una enviada del SNTE pero insistió en la reforma educativa favorable a los maestros, sobre todo en el tema delicado de la evaluación magisterial.
 
Oaxaca quedó atrapado en el compromiso del gobernador con un sector beligerante de la sociedad, pero a cambio de afectar a la parte mayoritaria de la sociedad. Los maestros de la XXII tienen arrinconado al gobierno estatal, lo han obligado a desobedecer la reforma constitucional del pasado 26 de febrero de este año 2013 y se han apropiado de las calles de la ciudad con sus marchas. El problema se originó en la negociación XXII-gobierno estatal en mayo de 2012 porque en ella el gobernador Cué Monteagudo aceptó el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca de la Sección XXII, cuya esencia consistía en entregarles la rectoría de la educación a los maestros disidentes.
 
Cuando se dio la reforma de febrero pasado, el gobernador Cué Monteagudo hizo todos los intentos para separar a Oaxaca de sus postulados y respetar sus compromisos con la XXII, a pesar de que la XXII a lo largo de estos 3 años de gobierno aliancista ha cometido más actos de provocación y violencia que en los del sexenio local anterior. Por ello la XXII -y ahora la XIV que quiere reproducir el modelo Oaxaca- quiere que Gobernación avale los acuerdos de 2010 que hizo el gobernador Cué Monteagudo para que en el estado se apliquen exclusivamente los programas de la sección sindical.
 
Por ello Oaxaca y la SEP quedaron atrapados en un conflicto magisterial que se mueve entre las concesiones sindicales de 2006 y los acuerdos político-electorales de 2010, y en ambas el gobernador Cué Monteagudo en el centro del conflicto.
 
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