Opinión

Sentencia histórica para la democracia mexicana

 
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Radio (Shutterstock)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará mañana un proyecto de sentencia muy relevante para el futuro de la democracia mexicana, y que puede ser un punto de inflexión para la calidad, independencia y profesionalismo de los medios de comunicación en México.

En la última década los gobiernos han detonado una racha alcista en gastos de comunicación social, que ha afectado la calidad –y quizá dañado también moralmente a la industria–. El gobierno de Felipe Calderón llevó el gasto federal en comunicación social de mil 22 millones en 2006, a siete mil 292 millones en 2012. Tan sólo en su primer año de gobierno pasó de mil a dos mil millones. Según Fundar y Articulo 19, el gasto federal ejercido en la materia ha crecido también de forma desproporcionada en el actual sexenio: de siete mil 462 millones de pesos en 2013, a 10 mil 699 millones de pesos en 2016. (El gobierno federal se ha sobregirado 71 por ciento en los últimos años sin que los partidos le llamen a atención). El mismo fenómeno se observa en los gobiernos estatales.

Aunque prevalecen medios independientes y profesionales que viven de sus lectores o televidentes o radioescuchas, el exceso de dinero ha limitado la independencia de otros que han visto prosperar sus finanzas mediante contratos con gobiernos. Se detona así la autocensura: no puedo investigar actos de corrupción de mi cliente ni tampoco cuestionar su desempeño como gobierno. Se propicia así el periodismo declarativo: muchos medios impresos y electrónicos reproducen declaraciones de políticos, sus chismes y sus fotografías. El lector poco importa porque no paga la nómina.

Una prensa anestesiada por contratos de publicidad es antídoto de la libertad de expresión y de la libertad de información. Es un obstáculo para un debate desinhibido y una sociedad activa y exigente. Algunos medios en México no están a la altura de la exigencia ciudadana ni de los requerimientos de una democracia liberal.

Todo lo anterior viene a cuento porque el ministro Arturo Zaldívar propone ordenar al Congreso de la Unión emitir, a más tardar en abril de 2018, la ley reglamentaria en materia de gasto de comunicación social de los gobiernos federal y estatales, pendiente desde hace más de tres años. Se trata de una omisión del Congreso, que en 2007 reformó el artículo 134 constitucional para establecer que la propaganda de los gobiernos “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social” y que no podrá ser personalizada, eso es, usada para promover a personas o servidores públicos.

La reforma del 134 es una de las pocas cosas buenas de la reforma electoral de aquel año, pero ha sido letra muerta por la falta de una ley que la regule. En la reforma electoral de 2014 se estableció un transitorio para que se legislara dicha omisión ese mismo año, pero el Congreso volvió a incumplir.

Como no hay ley reglamentaria, muchos gobernadores, alcaldes y servidores públicos han abusado de la promoción simulada mediante gacetillas en la prensa, espectaculares promoviendo libros que nadie lee, portadas de revistas del corazón que sirven para difundir anuncios de políticos en medios electrónicos, entre otras formas para eludir la norma. También ha servido para que los gobiernos aumenten sus gastos en comunicación social buscando obtener cobertura favorable a cambio. Este mercado de compra-venta también ha contaminado a las campañas políticas, las cuales no pueden pagar por obtener cobertura so pena de ser anulada la elección, pero realizan convenios de publicidad por debajo de la mesa y con pagos en efectivo para tener cobertura favorable.

La clase política tiene miedo de los medios y evade cualquier confrontación. Por eso el proyecto de Arturo Zaldívar –como respuesta a un juicio de amparo promovido por Artículo 19– es muy relevante para sacar al Congreso de su pasmo y de su complicidad silenciosa para regular una materia que tendría un efecto muy positivo sobre la calidad e independencia de los medios en México. Reitero: tenemos medios profesionales e independientes en la prensa, la radio y la TV, pero hay muchos otros que contaminan a la industria porque operan de forma oportunista, obteniendo el máximo provecho al succionar recursos presupuestarios y devolver poco a la sociedad en forma de periodismo que informe.

Asimismo, nada justifica que se gaste tanto en comunicación social. Hay propuestas de que se prohíba la publicidad de gobiernos en todo momento y se preserven tan sólo las campañas de interés público para educación, salud, seguridad y turismo. Resulta sorpresivo que se exija a los partidos que reduzcan sus prerrogativas para contribuir a desastres naturales como los sismos, pero que nadie exija una reducción correspondiente de un gasto cuyo beneficio social es muy cuestionable.

El proyecto de sentencia que mañana se vota argumenta que “la ausencia de la regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”. Tiene razón.

Twitter: @LCUgalde

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