Opinión

Foro de Sociedades Financieras Comunitarias en el Senado

 
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Ficrea

El pasado 5 de junio, el Senado de la República dio cabida al Foro Nacional de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) para informar acerca de la relevancia de estas instituciones financieras rurales. Las Sofincos están previstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular vigente; en la actualidad existen 26, de las cuales una está autorizada por la CNBV debido a su tamaño y 25 operan en el nivel básico, igualmente supervisadas por la CNBV, cumpliendo con regulación prudencial.

Las Sofincos además de realizar una labor financiera, tienen una misión social, al permitir el acceso a servicios financieros a la población rural en los primeros tres deciles de ingreso, generalmente población indígena en condiciones de extrema pobreza. Las Sofincos atienden 94 mil personas; sin embargo, la perspectiva de crecimiento es exponencial, toda vez que 80 por ciento de los municipios rurales carecen de puntos de acceso a servicios financieros (CNBV, 2013) y sólo 22 por ciento de la población rural tiene ahorros depositados en una institución formal (ENIF, 2012). Además, la ley vigente prevé que las Sofincos puedan incorporarse a Organismos de Integración Financiera, los cuales generan economías de escala y eficiencia en las operaciones, es decir, contribuyen a reducir costos de operación en cada una de las Sofincos integradas.

Durante las exposiciones, Sofincos como BioCafé en Chiapas, Impulsando el Desarrollo en Sinaloa, Credimich en Michoacán, entre otras, presentaron su trabajo, destacándose la capacidad de adaptación para atender las necesidades de pequeños cafetaleros, de pequeños productores de grano, de agricultura familiar, de migrantes, aspectos que no podrían darse a través de bancos comerciales o sociedades financieras populares (Sofipos), ya que estas últimas buscan las utilidades para un grupo reducido de accionistas, mientras que una Sofinco persigue su sostenibilidad operativa. Por ello, la Sofinco es una institución territorial comprometida con el capital comunitario constituido bajo la lógica de un socio, una acción.

Además, las Sofincos proveen servicios integrales como pago de remesas, pago de servicios, ahorro y crédito, crédito productivo, microseguros, metodologías de trabajo individuales y grupales, uso de tarjetas de débito, vinculación con proyectos productivos y organización económica local, por lo que deberían ser merecedoras del premio a la innovación, al emprendedurismo social y a la inclusión financiera.

En cambio, como se dijo durante el foro, la mal llamada Ley Ficrea aprobada por la Cámara de Diputados en abril no sólo no las premia, sino que extingue a las Sofincos y a los organismos de integración financiera; de igual manera elimina a las cooperativas y Sofincos de nivel básico.

Los promotores de la Ley Ficrea, en una visión simplista, señalan que desaparecer estas figuras no tiene impacto alguno y que los socios actuales pueden ser absorbidos por intermediarios de mayor tamaño, como por ejemplo las Sofipos.

Sin embargo, la evidencia nos muestra que las Sofipos y los bancos comerciales no tienen incentivos para atender zonas rurales marginadas, ni población en pobreza (con servicios adaptados a sus características), ya que al cierre de 2014 dan cobertura en menos del 2.0 por ciento de los municipios rurales y otorgan crédito productivo a menos de 27 mil productores, de un universo de 3.9 millones (Encuesta Nacional Agropecuaria, Inegi, 2012).

Por ello, durante el foro se refrendó el reclamo de las comunidades indígenas para mantener las organizaciones financieras que satisfacen su demanda. Por su parte, los expertos en el foro demostraron, con argumentos legales y económicos, que la Ley Ficrea sería un craso error:

* Por la concentración del mercado financiero rural en manos de unos cuantos accionistas que no tienen una visión social, aspecto que sí tienen las Sofincos;

* por un previsible incremento de la exclusión financiera rural;

* por significar un retroceso de diez años después de haber introducido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular a las Sofincos, con un incipiente pero eficaz desarrollo y, entre otros,

* porque la Ley Ficrea constituiría una violación a los derechos humanos e indígenas suscritos por México en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó rango constitucional, bajo el cual las leyes mexicanas deben proteger las formas de organización indígena.

Así, se exhortó al Senado de la República para revisar con los representantes del sector la Ley Ficrea; se hizo un llamamiento a las autoridades financieras del sector público federal para romper con la discrecionalidad en la definición del marco regulatorio financiero rural, que desde los años noventa se ha transformado y ha crecido, pese a las barreras de entrada que siempre enfrenta y con resultados positivos, tan sólo porque este sector colocó 35.5 por ciento del crédito productivo, mientras que los bancos comerciales sólo 9.0 por ciento (ENA, Inegi, 2012).

Finalmente se invitó a la población a conocer el sector ahorro y crédito popular, a viajar a las comunidades rurales e indígenas y constatar sus formas de vida y las enormes carencias que enfrentan, para sumar hacia un marco regulatorio financiero mucho más positivo, diverso e incluyente.

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