Opinión

Selección y captura de blancos

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Jalisco Seguridad. (Juan Carlos Huerta)

En su columna publicada el pasado 7 de mayo en Excélsior, 'Otra vez, la guerra contra el narco', mi amigo Carlos Elizondo reflexiona sobre las acciones que el gobierno debe seguir ante la reciente embestida del Cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente sobre la pertinencia de capturar a su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho. Al respecto, Elizondo se pregunta: “¿Sería mejor que el gobierno ya no intentara aprehender a quienes han violado de forma grave y reiterada la ley? ¿No genera esto mayor violencia que ignorarlos o, incluso, negociar algún tipo de pacto?” Y luego añade: “Esto es lo que parecen pensar muchos de quienes han criticado la estrategia de confrontación hacia el crimen organizado del gobierno de Calderón.”

El planteamiento de Elizondo da pie a revisar uno de los debates más importantes de la política de seguridad en México: la selección y captura de blancos. En su momento fui crítico de la política de capturas de Calderón. Por ello, me parece importante hacer algunas precisiones.
Carlos Elizondo, al igual que hicieron en su momento otros apologistas de la “estrategia de confrontación” al crimen organizado, simplifica y exagera la postura de los detractores. Personalmente, nunca he sugerido que el Estado renuncie a capturar capos, mucho menos que negocie con los criminales. En todo momento las autoridades deben conservar la facultad de detener y procesar a todos los criminales. Sin embargo, el arresto (o abatimiento) de líderes criminales es sólo una de las muchas herramientas que las autoridades deben utilizar para conducir su estrategia. En ningún caso, como desafortunadamente ocurrió durante el gobierno de Calderón (y como podría ocurrir nuevamente), las capturas deben convertirse en un fin en sí mismo, o en el principal indicador de éxito de la política de seguridad.

Más que abogar en contra de las capturas, he promovido que éstas se prioricen con base en criterios distintos. Las capturas de alto perfil son operaciones complejas, implican un enorme despliegue de recursos y pueden implicar un alto riesgo para los elementos que participan en ellas (sobre todo cuando no se cuenta con información confiable y detallada sobre los movimientos del capo y su círculo más cercano, y con el tiempo para esperar el momento propicio). Por lo tanto, en lugar de capturar al mayor número de blancos dentro una lista, el gobierno debe buscar, con cada operativo de captura, mandar un mensaje claro que desincentive las actividades criminales que generan un mayor daño a la sociedad.

Siguiendo esta lógica, resulta prioritario focalizar recursos para concretar la captura de un personaje como El Mencho, y para desarticular su organización. El Estado mexicano tiene que demostrar que son intolerables los bloqueos y las agresiones a autoridades que hemos visto en las últimas semanas en Jalisco (donde un helicóptero de las fuerzas armadas fue derribado y 15 elementos de la Policía Estatal murieron en una emboscada). Una organización que lleva a cabo acciones de esta índole no puede sobrevivir, ni se puede permitir que sus líderes escapen a la justicia.

Sin embargo, los personajes como El Mencho o La Tuta son relativamente excepcionales. En otros casos, el gobierno puede invertir mejor sus recursos en llevar a cabo acciones menos vistosas pero más eficaces para debilitar la capacidad de operación de una organización criminal (principalmente medidas que reduzcan sus recursos económicos, como la incautación de sus activos). Por supuesto, esto no quiere decir que los capos sean intocables, o que se les deba dejar libres si incidentalmente se les captura en un operativo. Simplemente implica que el Estado no destinará un equipo a perseguirlos activamente.

También he señalado que es necesario llevar a cabo acciones complementarias que mitiguen los riesgos relacionados con las capturas de alto perfil. Los principales cárteles mexicanos son organizaciones de gran magnitud, que disponen de un poder de fuego importante, y que pueden movilizar a cientos de sicarios (generalmente agrupados en células o facciones con sus propios liderazgos). Entre 2008 y 2010 el gobierno logró capturar a varios de los principales líderes de la organización de los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, estas capturas originaron un conflicto muy violento, primero entre dicha organización y el Cártel del Pacífico, y posteriormente entre las facciones rivales que surgieron al interior de la propia organización de los Beltrán Leyva. En buena medida, la violencia que hasta la fecha azota Guerrero y otros estados en los que operaban los Beltrán Leyva es resultado de este error de cálculo.

Es irresponsable llevar a cabo un operativo para capturar a un capo sin antes valorar las reacciones en el resto de su organización. En ocasiones es necesario capturar de forma simultánea a los líderes de varias facciones (y de esta forma lograr que la red criminal efectivamente sea desarticulada, y reducir el alcance de un posible conflicto por ocupar su liderazgo). En otros casos es preferible posponer la captura hasta que no se hayan concretado otros pasos (como la remoción de mandos policiales coludidos, que pueden facilitar la organización de una retaliación por parte de los criminales). Planear de esta forma la captura de un capo implica un trabajo de inteligencia que lleva tiempo. Desafortunadamente, la tentación de anunciar que hay un número menos en la lista es demasiado grande.

Twitter: @laloguerrero

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