Opinión

Seguridad

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Como hemos visto el viernes, estamos en dificultades financieras y todos los políticos tienen parte de la culpa. No creo que sirva criticar a nadie, sino más bien analizar en qué queremos que gaste el gobierno y cómo pensamos financiarlo. Creo que sería buena idea empezar por lo que creemos que el gobierno debe hacer, para ver cuánto nos costaría eso, y de ahí decidir si estamos dispuestos a pagarlo, o preferimos reducirle las obligaciones.

No creo que haya mucha duda de que la función primordial del gobierno es la seguridad, tanto de la nacional como la de sus habitantes, en la que debemos incluir la impartición de justicia. Ya después podremos discutir otras cosas, desde la educación hasta el gobierno empresario, pero primero tenemos que resolver éste, que es un problema actual, y no sólo un planteamiento teórico.

No es fácil saber cuánto debe gastar el gobierno en seguridad nacional y pública, porque depende mucho de qué objetivos busquemos. Por eso, creo que conviene hacer una comparación internacional, especialmente con países en los que estos rubros funcionan bien.

Como usted sabe, América Latina es el continente más violento del mundo, por lo que no estoy seguro que la comparación deba ser entre nosotros. De acuerdo con Eurostat, el gasto promedio en la Unión Europea en materia de orden público ronda tres puntos del PIB. Dos de ellos se destinan a Policía y el otro va a Cortes y centros de detención.
Algo similar ocurre en Estados Unidos, en donde el gasto es de poco más de 2.0 por ciento para todo esto. En México gastamos alrededor de 0.7 por ciento desde el gobierno federal, y tal vez la mitad de eso entre entidades y municipios. Digamos que un punto en total, la mitad de lo que gastan los países desarrollados.

Por el lado de la defensa nacional, el gasto es también difícil de definir. Los países de la región petrolera en Medio Oriente, por ejemplo, gastan entre 5.0 y 10 por ciento de su PIB en este rubro. Se entiende, porque prácticamente tienen una sola fuente de riqueza, el petróleo, y hay que cuidarlo. Fuera de ellos, el gasto va de 3.0 a 5.0 por ciento del PIB en países con tradición militar importante, desde Estados Unidos, Rusia, China y buena parte de Europa occidental, hasta Chile, Colombia o Ecuador acá en América Latina. Brasil ronda 1.5 por ciento. Nosotros, después de incrementos importantes en los últimos años, casi llegamos a 0.6 por ciento del PIB.

Es decir que mientras la mayoría de los países destina cerca de 5.0 por ciento del PIB a seguridad nacional y orden interno, nosotros apenas superamos 1.3 por ciento: ni la tercera parte. Los resultados son clarísimos: las policías locales no tienen preparación ni materiales, ni incentivos para dedicarse a su trabajo, ni red de protección social; los militares pueden enfrentar al crimen organizado, pero a duras penas, y sólo en ciertos lugares del país. No pueden ocupar zonas enteras, porque no tienen efectivos suficientes. Los tribunales en México no se dan abasto para atender los asuntos que tienen, el control de los mismos acaba en subordinados con bajos sueldos y gran espacio discrecional, y la corrupción es rampante.

En esto, creo yo, no tenemos salida. O multiplicamos por tres el gasto en seguridad, o jamás podremos tener eso que llaman Estado de derecho. Indudablemente, no basta con gastar más, pero será imposible sin hacerlo. Al mismo tiempo que se impulsa el sistema anticorrupción, es indispensable proceder a la construcción de mejores sistemas en seguridad pública, impartición y administración de justicia, y readaptación social. Hay ejemplos en muchas partes del mundo, hay técnicas mucho más eficientes. Falta que queramos hacerlo, y que estemos dispuestos a gastar lo que se requiere.

El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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