Opinión

Seguridad pública, antes que la guerra al narco

 
1
 

 

Narco.

En febrero de 2013 el presidente Peña Nieto puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se pretendía “un cambio de paradigma sin precedentes en la promoción de la paz y la disminución de la violencia en nuestro país”.

El cambio consistía en poner el énfasis en reducir secuestros, extorsiones, robos y asesinatos contra la sociedad, en vez de seguir concentrando las fuerzas del Estado en perseguir a los cárteles de la droga.

Para seguir ese “paradigma sin precedentes”, el recién inaugurado gobierno de Peña tenía que cambiar la cooperación con Estados Unidos, es decir, con la DEA y el Plan Mérida que firmó Calderón.

Peña hizo el planteamiento y el gobierno de Barack Obama y el Congreso estadounidense no tardaron en expresar su oposición a que México abandonara el ataque directo a los cárteles de narcotráfico.

A principios de 2013, el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense presentó el documento “La nueva administración de México: Prioridades y asuntos clave en la relación México-EUA”, en el que criticó que el gobierno mexicano diera prioridad a la reducción de la violencia sobre el combate directo el tráfico de drogas.

La crítica de los legisladores estadounidenses al cambio de estrategia del gobierno mexicano era que, para abatir los delitos que más dañan a la sociedad mexicana, el gobierno pactaría con los grupos criminales.

El tono fue amenazante: “Cualquier intento del gobierno de Peña Nieto de negociar con grupos criminales o legalizar ciertas drogas, despertaría preocupaciones en el Congreso”.

El gobierno de Peña se echó para atrás: mantuvo como prioridad la guerra contra el narcotráfico en la que nos metió Estados Unidos, con la participación del Ejército y de la Marina, y refrendó la “obligación” de cuidar la frontera de ese país para que el tráfico de drogas no se desborde y contener el paso de migrantes mexicanos, centroamericanos y de terroristas.

Por cierto, el programa preventivo de delitos de alto impacto en la sociedad mexicana se mantuvo con poco dinero hasta 2016, pero ya de plano se le dejó morir este año cuando se quedó sin ninguna asignación en el Presupuesto de Egresos 2017.

Es claro que, por encima de la defensa de la sociedad mexicana agredida por la delincuencia, está el Plan Mérida contra el narco que operan la DEA, el Ejército y la Armada de México.

A juicio de algunos expertos, el trato con Trump ofrece la posibilidad de sacar a la DEA de nuestro territorio y salirnos del Plan Mérida.

Como sea, en el contexto prevaleciente de guerra al narcotráfico está por aprobarse una Ley de Seguridad Interior para regular las acciones policíacas de nuestras Fuerzas Armadas.

“Estamos haciendo lo que nos mandata el presidente, ha dicho el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y tiene razón: el presidente tiene derecho a disponer de las Fuerzas Armadas a discreción, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sería un avance sustituir decisiones discrecionales por un marco jurídico, siempre que fuera el adecuado; pero los expertos no lo consideran así. En nuestra próxima colaboración veremos por qué.

http://estadoysociedad.com

También te puede interesar:
Estado fallido…
¿Tendrá Trump bases militares en México?
La (des)Constitución cumple 100 años