Opinión

Seguridad Nacional, Autodefensas y Michoacán

¿Será posible pacificar Michoacán y lograr que alcance legalidad institucional y un desarrollo sustentable? ¿Es esta entidad la prueba de fuego para el gobierno mexicano, que ha fallado en garantizar a sus ciudadanos en más de una ocasión y en más de una región su seguridad fundamental? ¿Qué hacer para superar los múltiples desafíos de las autodefensas y el crimen organizado?

Dedicamos la sesión de abril del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi a una reflexión alrededor de estas preguntas.

Comenzamos por exhibir el provocador documental de Michael Vetter y Leo Gabriel sobre las policías comunitarias en San Luis Acatlán, en la Sierra de Guerrero. Constatamos la belleza de los paisajes y las acciones comunitarias emprendidas dentro del estado de derecho frente al crimen organizado. Destaca el papel de sus líderes tradicionales y el testimonio de expertos jurídicos, el sacerdote local y el Obispo Raúl Vera, así como de la justicia organizada de la población indígena y mestiza ante la irrupción de la violencia externa. Tranquiliza el papel solidario de las fuerzas armadas.

El film muestra que las autodefensas no son blancas o negras; las hay de todos los tonos. Coincidiendo con mi abuelita moreliana, se concluyó que hay autodefensas de dulce, de chile y de manteca.

Los elementos comunes residen en su origen: el deterioro económico, social e institucional acumulado, y la corrupción, complicidad e impunidad de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno y de otros actores locales; los contrastes, en cambio, están en las respuestas y acciones de la sociedad muchas veces genuinas, otras contaminadas o dominadas por los intereses económicos y políticos y otras más infiltradas por los grupos criminales.

Al film "¿Justicia injusta; injusticia justa?" le siguió la exposición de Manuel Camacho Solís, Senador presidente de la Comisión Bicameral del Congreso sobre Seguridad Nacional, quien nos dio su visión sobre Michoacán con un enfoque nacional.

Destacó la larga historia de inestabilidad del estado y la crisis de sus gobiernos e instituciones en los últimos 12 años, así como la falta de respuesta adecuada y oportuna del Gobierno Federal frente a la descomposición existente en los distintos niveles de gobierno y sus colusiones con el crimen organizado. En particular destacó la manera en que el Presidente Calderón exacerbó los problemas de su estado natal con un fallido plan ejemplar de acción desde los inicios de su gobierno, con la militarización de la lucha -sin proteger las bases legales de acción de las fuerzas armadas-,  la multiplicación de grupos criminales y el desastroso “michoacanazo” aplicado a una veintena de presidentes municipales, al que tuvo que dar marcha atrás por falta de pruebas fehacientes.

Frente a la cadena de errores de gobernantes de todos los partidos, juzgó que el gobierno federal ha actuado recientemente de manera poco ortodoxa; pero a fin de cuentas contundente. La gran pregunta, dijo Camacho, es si la solución definitiva podrá venir por la vía autoritaria o democrática y que se hará al final del camino, del que no hay marcha atrás, frente a la prevalencia de diferentes grupos del crimen organizado y la resistencia de autodefensas. Manuel Camacho sugiere mano firme y, en paralelo una solución negociada, democrática, incorporando a las autodefensas en una guardia nacional.

El planteamiento fue comentado por dos conocedores del tema desde diversos ángulos.

Por un lado, Rodolfo Stavenhagen, distinguido antropólogo, destacó las fuerzas y diferencias de las sociedades locales y sus valores y la necesidad de atender, sin paternalismos, a comunidades marginadas de todo el país, como las michoacanas, cansadas de ser abusadas; hambrientas de justicia, mejoría de vida y acceso al desarrollo. Mientras haya violación de sus derechos humanos básicos, dijo el visitador de la ONU, seguirán defendiéndose como pueden.

El especialista en seguridad nacional, Javier Oliva, resaltó la legalidad de las policías comunitarias de Guerrero, pero impugnó las fallas de gobierno y la red de complicidades en Michoacán entre autoridades federales, estatales y locales con el crimen organizado, que condujeron a exportaciones ilegales de mineral de hierro por más de 1.5 millones de toneladas, que empresas chinas pagaron con armas y precursores químicos de drogas sintéticas. La Marina se hizo cargo ya de 19 puertos nacionales.

¿Cómo explicar esa ceguera en el Puerto de Lázaro Cárdenas? Habría que pedir respuesta, entre otros, al Gobernador y a Reyna, su Secretario de Gobierno, y consignar a quien resulte responsable para que cunda el ejemplo. Después, ¿qué hacer?

Urge un plan de vuelo con tres metas: legalidad institucional, buen gobierno y desarrollo económico y social.

Una posible vía adicional: la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y amnistía para evitar las revanchas y la violencia, al desarmar a las autodefensas y combatir al crimen organizado.

*Director del IIDSES-IBERO y Presidente del Centro Tepoztlán AC.