Opinión

Seguridad energética, sólo para el vecino

La reforma energética aprobada en diciembre de 2013, en forma inconsulta y sin un análisis riguroso, no fue diseñada en forma soberana ni con objetivos nacionales.

Tiene su origen en las necesidades geopolíticas de Estados Unidos (EU), y en los planes de negocios de las compañías trasnacionales. No responde a metas mexicanas, sino a la estrategia de seguridad energética de la Unión Americana.

A partir de diagnósticos del Senado estadounidense, las petroleras de ese país y la Agencia Internacional de Energía diseñaron un modelo que tiene como objetivo central garantizar la seguridad energética de EU a costa de la de México.

Lo que se busca es aumentar la competitividad y el poderío internacional de EU, colocarlo en ventaja frente a sus rivales geopolíticos mediante la “integración”, en una sola región estratégica que incluya a Canadá, EU y México que ahora los funcionarios, incluso mexicanos, suelen llamar Norteamérica.

Con esta contrarreforma, México adquiere un papel subordinado, mientras que EU sigue desarrollando estrategias para garantizar su soberanía y poderío energético.

EU realiza exploración en todo su territorio, avanza en yacimientos terrestres complejos, tiene alta experiencia en el manejo de sus yacimientos maduros y ha incursionado en aguas profundas en el Golfo de México.

Igualmente, se ha expandido a la producción de lutitas y ha incrementado su stock estratégico de hidrocarburos.

Pese a ser el campeón del (supuesto) libre mercado, Estados Unidos prohíbe legalmente la exportación de petróleo crudo, dado su carácter estratégico. En la misma línea, busca la mayor acumulación posible de hidrocarburos.

La “integración” así es para que EU logre su independencia energética a costa de la de México.

Las reservas probadas de petróleo convencional de EU están en declive. La única zona que aún es rica en reservas probadas y posibles se localiza en las aguas profundas del Golfo de México, por lo que el número de proyectos en esa área ha aumentado.

Si los excedentes se destinaran a la producción interna de gasolinas y petroquímicos, se obtendrían mayores beneficios. Sin embargo, en la “integración” de Norteamérica, satisfacer las necesidades de su mercado interno no es el rol asignado a México.

Nuestro comercio petrolero se caracteriza por la exportación de grandes cantidades de hidrocarburos a EU y por la importación de petroquímicos y refinados.

La reforma de Peña Nieto cumplirá la función de elevar la producción para fortalecer la seguridad energética de EU.

La “revolución energética” de gas lutita en EU se encuentra en un punto de inflexión debido al aumento de la producción de gas (de 18 mil a 23 mil billones de pies cúbicos de 2005 a la fecha).

El desarrollo del gas de lutitas ha permitido mejorar las variables macroeconómicas, la producción nacional, el empleo, las manufacturas, elementos que han favorecido la posición internacional de EU.

El vecino del norte se colocó en el primer lugar mundial como productor de gas de lutitas o gas shale. La explotación de ese gas y del petróleo de lutitas o shale oil es visto en EU como la posibilidad de su nuevo posicionamiento geoestratégico a partir de un potencial energético que lo colocará en igualdad de circunstancias con sus rivales. Ello hace avizorar una modificación de los equilibrios energéticos.

La integración se encamina a garantizar la seguridad energética de EU, a fortalecer su competitividad con miras a mantener su hegemonía mundial. El gobierno mexicano y los legisladores que votan a ciegas sus iniciativas sólo son instrumentos que sirven a esos fines.

México se ha vuelto comparsa de la “independencia energética” de EU. Barack Obama ha sostenido que “los recursos combinados de Canadá, Estados Unidos y México permitirían alcanzar una producción de 18 mil millones de barriles hacia el 2020”.

Por tanto, nuestro país es catalogado como un espacio importante para los negocios de la industria gasera estadounidense que se beneficia como “aliada estratégica” en el Golfo de México, a través de los Acuerdos de Yacimientos Transfronterizos. Con la reforma de Peña Nieto, México no es aliado, es subordinado.