Opinión

Sedesol:recelos del PRD por Rosario


Luego de la derrota del PRI en el 2000 y a lo largo de 12 años, el PRD encontró al garete la política social del Estado y se la apropió para darle desde el DF un perfil asistencialista. El regreso del PRI a la Presidencia le quitó el brazo neopopulista al perredismo.
 
El asunto se complicó no sólo por el hecho de que el PRI había contribuido a la creación de la Secretaría de Desarrollo Social vía el Programa Nacional de Solidaridad y la había vinculado a la candidatura de Luis Donaldo Colosio, sino que al frente de la Sedeso quedó Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de gobierno capitalino con Cuauhtémoc Cárdenas, exjefa interina de gobierno y expresidenta del PRD.
 
Y como la cereza del pastel, Robles fue la creadora de la estructura de las Brigadas del Sol, un mecanismo de organización social que le compitió a los comités de solidaridad.
 
En este contexto, el gran debate en torno al gasto social y su uso político carece de litis institucional y se ha asentado en razones políticas: el PRD ha endurecido su discurso porque las nuevas definiciones establecidas por Robles en el gasto social de la Cruzada Nacional contra el Hambre fueron sentidas por los perredistas como amenaza al uso del gasto social como mecanismo de apoyo-lealtad a favor del PRD en procesos electorales.
 
Y en el PAN se pueden localizar algunos indicios de resentimiento porque el gobierno de Vicente Fox instrumentó varios programas sociales que fueron exitosos -sobre todo Oportunidades- pero los panistas resultaron bastante incompetentes para darles un uso político en las elecciones de 2006 y porque la titular de Sedeso en el foxismo, Josefina Vázquez Mota, fue derrotada en las presidenciales de 2012 y dejó al PAN en el tercer sitio electoral. En 2006, por cierto, PAN y PRD midieron fuerzas en el uso electoral de los programas sociales y el López Obrador del gasto asistencialista arrasó en el DF y logró ganar en las plazas donde gobiernos perredistas aplicaron el modelo lopezobradorista de rentabilidad electoral del gasto social.
 
El problema de fondo en la política social radica en el hecho de que el modelo de desarrollo vigente en los últimos 60 años -desde la devaluación del peso en el sábado de gloria de 1954- ha generado una pobreza estructural y permanente y casi la mitad de la población está fuera de las posibilidades de ascenso social; entre pobres y necesitados priva ya la certeza de que sólo tienen los programas asistencialistas -subsidios mínimos a ciertos requerimientos- para ir pasándola, a diferencia de la vieja política social del Estado basada en el bienestar y en la reclasificación social.
 
Asimismo, otro de los elementos fundamentales en el debate de la política social radica en la reconfiguración de las lealtades sociales: una encuesta sobre cultura cívica publicada en 1963 en varios países, entre ellos México, por Gabriel Almond y Sidney Verba, reveló que las lealtades sociales se basaban en el reconocimiento a la Revolución Mexicana como la potenciadora del bienestar y en el presidente de la República como el responsable de los beneficios. Hacia los noventa, las relaciones políticos-sociedad pasaron de mecanismos sociales a una relación de rentabilidad de mercado: el voto iría a favor de quien ofreciera mejores beneficios sociales.
 
En este cambio de coordenadas políticas, el PRI se hundió en el neoliberalismo estabilizador que sacrificó bienestar y el PRD -sin responsabilidad de gobierno- emergió de las cenizas del priismo social pero ya con el disfraz de neopopulismo. Cárdenas, López Obrador y Marcelo Ebrard diseñaron programas sociales en el DF con un perfil eminentemente asistencialista, no rompieron la estructura social riqueza-pobreza y sí organizaron electoralmente a los beneficiarios de los programas asistencialistas.
 
El otro dato revelador se encuentra en la reconfiguración de las lealtades de los grupos sociales necesitados. De manera inevitable, al perderse el sentido social del gasto y los políticos avorazados por ganar votos, el votante pasó de la lealtad social hacia una definición política a la conveniencia valorativa de su voto: entregar sufragios a quien prometa más beneficios.
 
El salto cualitativo de un sistema de partido dominante a un sistema competitivo de partidos convirtió el voto en un mercado de consumo; es decir, la democracia real en México a partir de 1978 -con la legalización del Partido Comunista- obligó al PRI a buscar el voto real -antes estaba controlado- a cambio de bienestar inmediato y ya no por representar la gerencia histórica de la Independencia, la Reforma y la Revolución.
 
Anthony Downs, en Teoría económica de la democracia, dibujó en 1971 el nuevo escenario de la relación partidos-voto-sociedad: la competitividad por el voto en un sistema con partidos de oposición, la crisis económica estructural y las exigencias sociales de recursos contra la depauperación transformaron el sistema electoral en un mercado en el que los votantes son clientes.
 
En discursos políticos carentes de fuerza ideológica, de apoyo histórico y de ejercicio arbitrario del poder, el votante ejerce su poder en función de una conveniencia de mercado, de rentabilidad. Y al ampliarse la pluralidad y con ello las posibilidades de disputa por el poder, los grupos políticos del gobierno prefieren venderse que convencer. "Los gobiernos democráticos actúan racionalmente con el fin de maximizar su base de apoyo político", establece Downs.
 
En este contexto se localiza el debate -falso- sobre Robles Berlanga y el debate -real- sobre el papel de la Sedeso: la disputa por el gasto social y los efectos inevitables -o exigidos- de lealtad electoral. El PRD en el DF quiere alejar a la Sedeso federal del manejo del gasto social porque entonces la lealtad se transferiría al gobierno federal priista y el PAN parece que prefiere mantener la pobreza con tal de que nadie le dé uso político al gasto social.
 
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