Opinión

Se prohíbe agredir

 
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Blanca Alcalá. (Cuartoscuro)

Fragmento de una conversación obtenida de forma ilegal entre Omar Yunes y su papá Miguel Ángel, el candidato de la alianza PAN-PRD para la gubernatura de Veracruz: “Es la 55, entre Park y Lexington. Este es el precio de venta. Tienen dos ofertas ellos ahorita: 55 y 58”. Según sus adversarios, se trata de cifras en millones de dólares para una operación de compra-venta de un departamento en Manhattan y sería indicio de una fortuna inexplicable del candidato hecha al amparo del poder.

Hace dos días en la radio local de Querétaro se dio a conocer otra grabación ilegal en la cual se sugiere que el gobernador de Querétaro (PAN) está apoyando directamente la campaña del panista Martín Orozco en Aguascalientes. En Puebla, la candidata del PRI, Blanca Alcalá y el del PAN, Tony Gali, han convertido su campaña en una guerra de acusaciones mutuas por enriquecimiento inexplicable y patrimonio no declarado. Muchas acusaciones son con base en investigaciones privadas, dichos sin comprobar y estridencia mediática.

Hace pocos meses se difundieron en Colima audios de conversaciones con su novia del entonces candidato del PAN a la gubernatura. En ella relucen sus cursilerías personales, su petición a ella para que se practicara un aborto y su gusto por el güisqui Buchanan’s.

¿Guerra sucia o información útil para el votante? ¿Es la llamada guerra sucia un elemento informativo valioso para los votantes o sólo distorsiona la realidad? ¿Se vale recurrir a grabaciones ilegales para dar a conocer los cadáveres de los enemigos políticos?

Mientras las campañas cruentas cunden en las redes sociales, el Instituto Electoral de Puebla ha sentenciado que en el único debate oficial entre los candidatos a la gubernatura de esa entidad que se celebrará este jueves, se prohíben las agresiones o denostaciones entre los contendientes, y a quienes incurran en esta falta se les cerrará el micrófono y perderán su turno de exposición. Según lo dispuesto, los candidatos que no respeten el contenido de los temas de exposición acordados y recurran al uso de palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de los participantes, tendrán una primera advertencia por el moderador para que se abstengan de caer en dicha conducta, y en caso de reincidencia se les retirará el uso de la palabra.

A la vez, el Instituto Nacional Electoral recibe diariamente quejas de partidos y candidatos de todo el país que solicitan que la autoridad retire del aire este o aquel spot de radio o televisión porque los agrede o denuesta. Ninguno de ellos contiene el nivel de agresión o virulencia como aquellos que circulan en las redes, pero la autoridad está obligada por una ley ingenua a revisar los spots que aparecen en los medios electrónicos y censurar aquellos que contengan calumnia (previa queja), mientras en las redes circulan cientos de libelos de medias verdades, exageraciones teatrales y en ocasiones calumnias infames.

En 2007 el Congreso mexicano aprobó una reforma que prohíbe las campañas negativas: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

La reforma parte de la idea de que las campañas negativas son malas para la democracia porque dañan los derechos de los candidatos, desvirtúan el debate y polarizan a la sociedad. La prohibición es cuestionable. Primero, porque es una reforma que busca proteger a los partidos y a los políticos, no a los ciudadanos. Segundo, porque la libertad de expresión es un elemento consustancial de la democracia, aun sean exageraciones, medias verdades, juicios subjetivos o dichos aberrantes. Tercero, porque la difamación y la calumnia deben resolverse a través de juicios civiles, no electorales.

La legislación es ingenua porque es ineficaz para regular las nuevas formas de propaganda política. La tecnología de internet ha fomentado que la comunicación durante campañas se traslade hacia las redes sociales que trascienden fronteras y escapan al control de autoridades nacionales (y qué bueno que así sea).

Los buenos modales de los políticos no se construyen a base de prohibiciones, sino a través del debate desinhibido y vigoroso. Los ciudadanos merecemos saber quiénes aspiran a gobernarnos.

Desafortunadamente las reglas del juego están torcidas. Por un lado, se prohíben las campañas negativas de contraste en radio y TV, pero éstas se exacerban en redes sociales. Por otra, los debates entre candidatos han sido acartonados: no son debates sino exposiciones tediosas de lugares comunes sin un diálogo fluido entre candidatos. En ocasiones se llega a la ridiculez de la censura abierta como el caso de Puebla.

Finalmente, hay millones de spots con jingles pegajosos, frases huecas y promesas repetitivas que llenan las pantallas de los hogares.

Resultado: retórica en las pantallas y mierda anónima en las redes.

Consecuencia: poca información para emitir un voto razonado.


Twitter: @LCUgalde

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