Opinión

¿Se pagará algún día la deuda de los estados?

 
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Con el cambio de nueve gobiernos estatales este año y de 12 en 2016, resurge la necesidad de analizar la deuda de las entidades federativas, así como su sustentabilidad, que es mejor por cierto que la federal. La relación promedio de 3.0 por ciento de las entidades es por lo menos diez veces menor a la federal, aunque en algunas entidades ha crecido descuidadamente.

El crecimiento de su deuda está vinculado a la situación, estructura y dinámica general de sus ingresos en efectivo y al manejo de su gasto público, en un contexto de “federalismo centralizado”, que les inhibe facultades y les transfiere –la mitad condicionados– sus principales ingresos.

Al respecto, esta semana EL FINANCIERO destaca el cambio de la deuda respecto a las participaciones, de las nueve entidades que se van: cómo la recibieron en 2009 y cómo la dejan en 2015, años de crisis fiscal.

Para revisar la deuda es necesario analizar la relación entre su saldo y el monto de las participaciones en impuestos federales de las entidades federativas, que en promedio representan 90 por ciento de sus ingresos totales, excepto para el DF, que recauda directamente más de la mitad de sus ingresos.

Aparecen con síntomas delicados: Nuevo León, que pasa de 101 a 228 por ciento equivalente de sus participaciones, Sonora de 89 a 115, Michoacán de 52 a 87, Colima de 41 a 59 por ciento. Baja California Sur sigue igual, de 56 a 57 por ciento y Guerrero de 18 a 22 por ciento.

Sobresalen las cifras de Campeche, que pasa de cero a 21 por ciento, ya que esta entidad ha tenido un buen manejo de sus finanzas públicas, recauda casi una quinta parte de sus ingresos en efectivo, en tanto que la de Querétaro baja de 27 a 18 por ciento, también con un buen manejo de su hacienda, aunque perdió las elecciones.

Sin hacer mucho ruido, destaca San Luis Potosí, al pasar de 57 que dejó el anterior gobernador a 38 por ciento que dejará el doctor Toranzo, cuya presión fiscal mayor deriva, al igual que en otras las entidades, del déficit generado por el FAEB, por su mala fórmula y aplicación dolosa de la misma, cuyo déficit es mayor que la deuda pública de esa entidad federativa. Además la relación deuda/PIBE potosina es muy menor respecto al promedio nacional.

Por otra parte, la deuda de 10 entidades representa tres cuartas partes de los 510 mil millones de deuda total registrada, sin considerar los PPS y los Bonos Cupón Cero, que sí son deuda pública, los cuales significan otro monto importante.

Las deudas de cinco entidades significan la mitad del total: DF, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Edomex; en tanto, Coahuila, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo y Sonora suman la otra cuarta parte.

Otro indicador utilizado es la relación con el PIBE, cuyo promedio es del 3.0 por ciento. Hay señales delicadas en Chihuahua (8.6 por ciento), Quintana Roo (8.4), Coahuila (6.5), Chiapas (6.2), Nayarit (5.4), Nuevo León (4.9), Michoacán (4.7 por ciento). Hay mejores señales en los que cambian este año: en San Luis Potosí (2.0 por ciento), Querétaro (0.7), Guerrero (1.2), Campeche (0.2) y Baja California Sur (1.7).

La sustentabilidad de la deuda pública tiene que ver con la solvencia de la entidad federativa en el mediano y largo plazos, así como los esfuerzos fiscales necesarios para darle suficiencia a su servicio
–capital e intereses–, sin recurrir a cambios fiscales que afecten a los ciudadanos al limitar el gasto social, ni a los contribuyentes.

Para pagar la deuda algún día y eliminar su servicio de los presupuestos de las entidades federativas, es urgente realizar cambios profundos en el sistema de coordinación fiscal, revisar el reparto de facultades tributarias, el gasto federalizado, las bases del sistema integral de presupuesto, una ley de coordinación hacendaria, mejor transparencia y regresar al federalismo fiscal, con responsabilidades compartidas.

Twitter: @davidcparamo

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