Opinión

Se levanta el ACTA

Los propósitos regulatorios que en su momento entraron en suspenso en el controvertido tratado ACTA, han encontrado revitalización en la iniciativa de ley que los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, han conformado y deberán presentar para análisis del Congreso en el próximo periodo legislativo. Hay que recordar que a pesar de que el ACTA fue firmado en julio de 2012 por el Gobierno mexicano, hace falta la aprobación del Senado para que adquiera vigencia en nuestro sistema normativo.

A pesar de la radical oposición de que el ACTA ha sido objeto en nuestro país por parte de ciertos grupos, por la presunta afectación a derechos fundamentales como la libre expresión, el derecho a la información, el debido proceso y el derecho a la privacidad, es una realidad que este tipo de legislaciones, bajo diversas modalidades y niveles, siguen ganando terreno en el mundo. Leyes como SOPA y PIPA en la Unión Americana han prosperado y dado soporte a acciones continuas del FBI para bajar y desmantelar sitios violatorios de derechos de autor. De la misma manera, diversos países europeos han dispuesto procedimientos específicos para detener, bajo una modalidad u otra, el abuso de derechos autorales sobre películas, música, libros y videojuegos.

En todos los casos el punto de inflexión ha consistido en involucrar a los proveedores de servicios de Internet en los procedimientos disuasivos de sitios ilegales, no sólo obligándoles a apagar el switch ante la evidencia de transgresiones sistemáticas a derechos autorales ajenos, sino también proveyendo la información que posean sobre la identidad y ubicación de este tipo de clientes. Dada la elusividad y ubicuidad internacional de quienes cometen este tipo de violaciones, y la gratuidad de las actividades asociadas, muchos de los principios tradicionales de tutela del derecho de autor deben ser ampliados para dar cabida a acciones medianamente eficaces; de lo contrario, la explotación caótica de obras irá pasando factura a la sociedad en la forma de retiro de inversiones en nuevas creaciones.

La propuesta legislativa impactaría, por una parte, los procedimientos dispuestos en la Ley de la Propiedad Industrial para hacer frente a violaciones comerciales en el ámbito del derecho de autor, que desde 1997 cedió al IMPI el conocimiento de este tipo de violaciones, a la par de las que por la comisión de delitos corresponda a la PGR. El segundo cuerpo normativo modificado en forma significativa es la propia Ley Federal del Derecho de Autor, que requiere precisiones en conceptos como la “puesta a disposición de obras”, que es la modalidad de explotación más asociada a Internet, y que nuestra legislación no acaba de reflejar adecuadamente.

Más allá de los méritos técnicos de la iniciativa, la pregunta inevitable que se debe formular es si el Congreso estaría dispuesto a realizar estas enmiendas a la legislación doméstica, cuando un tratado internacional controvertido y orientado a la misma problemática se encuentra estacionado en la agenda del Senado. Desde el punto de vista de su juridicidad, nada impide que prospere aquella y que más adelante el tratado sea aprobado por el Senado, de ser el caso. No sería la primera vez que nuestro país actuaría de esa manera.

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