Opinión

Se les acabó el tiempo

 
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3er Informe EPN. (Édgar López)

Es de tal complejidad la construcción jurídica requerida para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, que la presente legislatura en la Cámara de Diputados será incapaz de completar los cambios necesarios para emitir los primeros borradores de leyes secundarias.

Existe una ceguera generalizada por parte del gobierno y sin duda por parte de los legisladores. Esta es la reforma que nadie quiere en el ámbito político, es el discurso esquizofrénico donde se afirma una cosa, pero se hace otra: Sí, “vamos con todo”, pero en los hechos, el retraso –accidental o deliberado– en comisiones, la formación de las mesas temáticas y las propuestas –con frecuencia absurdas– de muchas organizaciones ciudadanas, han entorpecido el avance real de una legislación integral. En las mesas se han escuchado iniciativas como la “intervención telefónica y cibernética de todos los funcionarios para evitar corrupción” –algo imposible por mandato constitucional, pero además impráctico: imagine usted el centro de monitoreo de llamadas y correos.

Este gobierno que pretende y aspira a medida que se acerque el término de su gestión, pasar a la historia como el gran equipo reformador encabezado por el presidente Peña Nieto, carece de la sensibilidad para respaldar con toda su fuerza el Sistema Nacional Anticorrupción. Para la ciudadanía, todas las reformas –importantes y trascendentes– cuyos beneficios veremos en los años por venir, son totalmente secundarias frente a la reforma del combate a la corrupción.

No hay tema, molestia, señalamiento más frecuente y más acalorado entre líderes de opinión o representantes de la sociedad civil, que el que se refiere al combate frontal y decidido contra la corrupción. Pareciera –con vergonzoso cinismo– que los partidos, los diputados, las bancadas extienden innecesariamente el proceso para retrasarlo artificialmente: “nadan de muertito” diciendo a todas los medios que sí, que hay un compromiso incuestionable, pero le quedan apenas, unos 20 días efectivos a esta legislatura y están lejos de construir acuerdos.

En esta semana presenciamos a los líderes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basave, proponer la Fiscalía Anticorrupción independiente, casi en fast track, porque la iniciativa propone modificar la Ley Orgánica de la PGR, en vez de tener que crear toda una nueva pieza legislativa que le otorgara acta de nacimiento y facultades de ejercicio a la fiscalía.

Sin embargo, es mucho más complejo. En palabras de Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, el sistema debe convertirse en un eje de coordinación entre dependencias, códigos y normativas que compongan un andamiaje integral. La Fiscalía debiera ser dotada de facultades para intervenir de inmediato el Registro Público de la Propiedad –de todos los estados– o la colaboración automática de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para acceder a cuentas y activos de los investigados o sospechosos de actos de corrupción.

En el foro sobre información y corrupción organizado brillantemente por el Inai esta semana, escuché a Lourdes Morales Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, advertir sobre “gatopardismo” en las comisiones legislativas para disfrazar un sistema anticorrupción sin dientes suficientes para actuar con energía. Escuché también al diputado Rogerio Castro, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara admitir “que van retrasados” para tener todo el paquete de leyes y reformas a códigos y normativas existentes.

Varios de los participantes coincidieron en señalar el momento histórico que vive México –en caso de concretarse a cabalidad– al producir un paquete de instrumentos eficaces que inhiban la corrupción.

Sin embargo el riesgo es demasiado alto. Legislar o simular un paquete legislativo que no transparente, castigue, persiga, inhiba y sancione ejemplarmente. Emitir unas leyes secundarias que oculten información, como en la 3/3 donde el PRI y el Verde se niegan a publicar la declaración patrimonial.

Los servidores públicos, los empresarios, los particulares, todos quienes forman parte de la corrupción se sostienen en la aplastante impunidad que los encubre y los protege. Nadie los va a alcanzar nunca –eso creen– y por ello actúan ilegalmente.

Si el sistema permite, como planteó Manuel Hallivis, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actuar con celeridad, con inmediatez, el combate será efectivo y la inhibición de la conducta delictiva ejemplar para la sociedad. Si se incautan bienes, congelan cuentas, encarcela a los culpables, será difícil que otros se animen a corromperse.

A pesar de la lógica generalizada a favor del Sistema, no existe la voluntad política del gobierno ni de las bancadas en la Cámara para avanzar con eficiencia en cumplir el plazo y tener las leyes secundarias. Tendremos que esperar, con la veladora encendida, al siguiente periodo legislativo.

Twitter:@LKourchenko

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