Opinión

Se gesta la primera ley anticorrupción

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El entramado legal que dará forma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) inició con la aprobación del dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Cámara de Diputados.

Con 383 votos a favor, 32 abstenciones y uno en contra, del diputado independiente Manuel Clouthier, se aprobó la primera de siete leyes que conformarán un frente legal para combatir la corrupción y la impunidad en el sector público.

Las bancadas partidistas representadas en San Lázaro, a excepción de Morena y Movimiento Ciudadano, se pronunciaron a favor de un dictamen que estuvo consensuado entre el PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL y PES, el cual da un tanque de oxígeno a la misma vida democrática del país.

Entre los posicionamientos en contra se manifestaron los legisladores de Morena, quienes se abstuvieron de votar por considerar que la transparencia debe incluir también a las asociaciones público-privadas, entre otras observaciones; en tanto que el independiente Manuel Clouthier dijo que era un acto de “simulación”.

Hubo argumentos encontrados, reservas en algunos planteamientos, pero en general la nueva ley se aprobó bajo el consenso mayoritario en el sentido de que la misma representa un avance en el combate a la corrupción, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Cabe referir que entre otros aspectos de la ley aprobada se especifica que ésta tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

También plantea garantizar el derecho humano de acceso a la información, la transparencia de la gestión pública, impulsar la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, favorecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados, promover una cultura de transparencia y acceso a la información pública e incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, y establece que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.

No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción y a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos.

Al comentar que la nueva ley amplía las obligaciones de los sujetos obligados, en el ámbito federal, la diputada Sharon Cuenca, del PVEM, argumentó que la nueva figura legal contempla pasar de 246 sujetos obligados a más de 850, mismos que “ahora tendrán la obligación de tener unidades de transparencia. Ya no es opcional, asimismo, los comités que serán instrumentos para dar la información que soliciten los ciudadanos”, aclaró la legisladora.

Las disposiciones abarcan a todos los servidores públicos, desde el Ejecutivo Federal, hasta los órganos autónomos constitucionales, y se hace hincapié en que la generación, publicación y entrega de información deberá ser accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho humano de acceso a la información. La información generada tenga un lenguaje sencillo y procurará su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas, implementando obligaciones positivas del Estado Mexicano para satisfacer cabalmente el contenido normativo del derecho en cuestión:
se impone la obligación de adecuar las políticas públicas para responder a la pluralidad de necesidades de la ciudadanía.

Al final, los artículos reservados fueron para la estadística parlamentaria, no hubo argumento alguno que lograra modificar el espíritu de la nueva ley, por lo que toca ahora dar el último paso a los senadores, y para ello cuentan con escasos 11 días y de no prosperar este esfuerzo legislativo todo habrá quedado en un intento o, lo peor, se podría confirmar aquello de la “simulación”.